Mañana miércoles se revisa el requerimiento del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, que recurrió al Tribunal Constitucional para evitar su expulsión del Poder Judicial por faltas a la probidad.

El requeriniento fue presentado el 4 de julio, mediante el que pidió que se suspenda la sanción aplicada en su contra, en forma unánime por el pleno de la Corte Suprema, de apertura de un cuaderno de remoción y suspensión en su cargo por cuatro meses con medio goce de sueldo.

Los cargos contra el juez son haber intervenido en un recurso de protección; comunicaciones vía telefónica con abogados litigantes, haber solicitado al suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, la contratación de dos personas; exigir la designación de una exalumna a una secretaría de un tribunal; y haber requerido y aceptado una suma de dinero.

En el documento de 31 páginas, el magistrado cuestionó la legalidad de la suspensión de cuatro meses con medio goce de sueldo, cuya admisibilidad y eventual suspensión del proceso disciplinario será visto mañana por la tarde por la segunda sala del TC.

Elgueta argumentó que la Suprema carece de las atribuciones para dictar el auto acordado o acta por el que se determinó este tipo de sanción económica, la que calificó de arbitraria y que vulnera el derecho de igualdad ante la ley.

Además recurrió, como antecedente, a la Convención Americana de Derechos Humanos ante un eventual proceso judicial discriminatorio.

La presidenta de la comisión investigadora por las irregularidades en el poder judicial de Rancagua, la diputada Alejandra Sepúlveda, reconoció el derecho del ministro de recurrir a otras instancias, pero le pidió celeridad al Tribunal Constitucional para resolver.

“La unanimidad en e pleno dan suficient respaldo a este cuaderno de remoción en contra del señor Elgueta”, dijo.

El ministro Elgueta es quien firma el requerimiento y hasta ahora no ha designado un abogado defensor, por lo que se espera su intervención en los alegatos de mañana.