Los propietarios de un fundo en playas cercanas a la comuna de Pichilemu, en la región de O’Higgins, fueron los primeros en ser multados tras infringir la ley que regula el acceso a las playas públicas de Chile.
Lo anterior ocurre luego que Chilevisión Noticias realizara un reportaje donde detectó que privados, familia Jaramillo, estaban bloqueando el acceso a la playa Mónaco en dicha zona, tras lo cual dieron aviso al Gobierno y la policía local.
La denuncia tomó mayor relevancia luego que pescadores del área reclamaran dificultades para llegar a esas aguas, las que sirven como lugar para extraer recursos marinos y sustentar sus familias.
De hecho, uno de los propietarios, Renato Jaramillo, negaba el acceso a las playas argumentando que la ley que obliga acceso a las playas públicas, incluso en terrenos privados, ya no está vigente.
“Me importa un coco”, dijo el hombre cuando un core de la zona, Bernardo Cornejo, le explicaba que la resolución de 1984 sobre Bienes Nacionales todavía estaba vigente y que debía permitir acceso público a la playa Mónaco.
Fue en ese contexto que la ministra subrogante de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, junto con funcionarios de Carabineros, se presentaron esta jornada en el sector para abrir el paso a turistas y pescadores.
Para ello se tuvieron que abrir al menos 5 portones de madera que impedían el acceso, rompiendo los candados que aseguraban la imposibilidad de acceso vehicular.
Una vez logrado el cometido, los turistas presentes y denunciantes celebraron junto a la ministra (s) y aseguraron que se trata de un evento que esperaban hace años.
“Fue la mejor noticia. Hace 40 años que esperábamos esto nosotros. Ahora podremos trabajar y dormir tranquilos. Pescar, bucear, sustentar la familia”, celebró un pescador local.
“Felices por las playas de Pichilemu. Por Chile en realidad. Todos nos merecemos las playas”, expresó contenta una mujer que aprovechó de ingresar sus pies a la playa.
En tanto, los propietarios, familia Jaramillo, fueron multados por un monto que todavía debe ser determinado por el juzgado local de Pichilemu; castigo que puede llegar hasta los $10 millones.