ProCultura: Contraloría inicia juicio de cuentas contra gobernador de Ñuble por "omisión negligente"

La Contraloría General de la República inició un juicio de cuentas contra el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), por una “omisión negligente” en la supervisión de un convenio por $268 millones con la fundación ProCultura.

La medida también involucra a otros cinco funcionarios del Gobierno Regional, a quienes se les atribuye responsabilidad en la falta de control sobre los fondos públicos.

El caso se originó en 2022, cuando el Gobierno Regional asignó directamente $268.100.000 a ProCultura para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.

Un informe de Contraloría detectó diversas irregularidades en la ejecución de estos fondos, incluyendo sobreprecios, $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados. Además, se investiga la presunta intervención de Crisóstomo en la selección de la empresa Esquerré para realizar el proyecto, pese a que oficialmente el ejecutor era ProCultura.

Apertura de juicio

Frente a la apertura del juicio, Crisóstomo afirmó que se trata de un proceso administrativo aún en etapa de descargos y aseguró que el programa financiado se ejecutó correctamente.

“Efectivamente, la Contraloría inició un juicio de cuentas, proceso administrativo que se dirige a funcionarios públicos individualizados y que se enmarca en la investigación en torno al convenio entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Fundación ProCultura”, señaló por escrito.

Agregando que “se entregarán los argumentos y antecedentes que permitan precisar la información, respecto a la correcta realización del Encuentro Binacional, razón que originó este convenio, que finalizó hace más de un año y que, como es de público conocimiento, se desarrolló logrando todos los objetivos propuestos”, sostuvo el jefe regional a Ex-Ante.

A nivel judicial, el gobernador fue declarado sujeto de interés en la investigación penal liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

En octubre de 2024, fue citado a declarar en calidad de imputado, pero hizo uso de su derecho a guardar silencio.

Mientras tanto, la consejera regional Lorena Jardua (UDI), quien presentó una querella en su contra, insistió en que hubo manejos políticos irregulares, sobreprecios y falta de transparencia. El proceso sigue en curso y podría traer nuevas repercusiones para la autoridad regional.