La Contraloría General de la República inició un juicio de cuentas contra el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), por una “omisión negligente” en la supervisión de un convenio por $268 millones con la fundación ProCultura.
La medida también involucra a otros cinco funcionarios del Gobierno Regional, a quienes se les atribuye responsabilidad en la falta de control sobre los fondos públicos.
El caso se originó en 2022, cuando el Gobierno Regional asignó directamente $268.100.000 a ProCultura para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
Un informe de Contraloría detectó diversas irregularidades en la ejecución de estos fondos, incluyendo sobreprecios, $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados. Además, se investiga la presunta intervención de Crisóstomo en la selección de la empresa Esquerré para realizar el proyecto, pese a que oficialmente el ejecutor era ProCultura.
Apertura de juicio
Frente a la apertura del juicio, Crisóstomo afirmó que se trata de un proceso administrativo aún en etapa de descargos y aseguró que el programa financiado se ejecutó correctamente.
“Efectivamente, la Contraloría inició un juicio de cuentas, proceso administrativo que se dirige a funcionarios públicos individualizados y que se enmarca en la investigación en torno al convenio entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Fundación ProCultura”, señaló por escrito.
Agregando que “se entregarán los argumentos y antecedentes que permitan precisar la información, respecto a la correcta realización del Encuentro Binacional, razón que originó este convenio, que finalizó hace más de un año y que, como es de público conocimiento, se desarrolló logrando todos los objetivos propuestos”, sostuvo el jefe regional a Ex-Ante.
A nivel judicial, el gobernador fue declarado sujeto de interés en la investigación penal liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
En octubre de 2024, fue citado a declarar en calidad de imputado, pero hizo uso de su derecho a guardar silencio.
Mientras tanto, la consejera regional Lorena Jardua (UDI), quien presentó una querella en su contra, insistió en que hubo manejos políticos irregulares, sobreprecios y falta de transparencia. El proceso sigue en curso y podría traer nuevas repercusiones para la autoridad regional.