Funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble, entre ellos la gobernadora subrogante, Alicia Contreras, fueron citados a declarar en calidad de imputados en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la asignación de un proyecto relacionado con ProCultura.
Este caso forma parte de una indagatoria nacional que involucra a diversas instituciones y funcionarios públicos en diferentes regiones del país.
Claudia Cabrera, jefa de la unidad jurídica del Gobierno Regional de Ñuble, confirmó la citación de los funcionarios a declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI), en el contexto de la investigación llevada a cabo por el fiscal Patricio Cooper Monti.
“Estamos colaborando plenamente con el Ministerio Público y brindando todo el respaldo a los colegas que han sido citados. Estos funcionarios han sido convocados en relación al ejercicio de sus funciones y no existe ningún antecedente que indique su responsabilidad en hechos ilícitos”, explicó Cabrera.
Presuntas irregularidades
El caso ProCultura se originó a raíz de una auditoría de la Contraloría General de la República, que puso en duda la transparencia de la asignación directa del proyecto “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, que implicó una inversión de 268.100.000 pesos.
El informe de Contraloría cuestionó no solo la falta de fundamentación en la entrega directa de estos recursos a la ONG ProCultura, sino también el hecho que dicha organización actuó meramente como intermediaria entre el Gobierno Regional y las empresas privadas que ejecutaron las obras.
Adicionalmente, el organismo fiscalizador advirtió inconsistencias en los pagos realizados durante el proyecto.
ProCultura en Ñuble
Entre los funcionarios citados a declarar, además de Alicia Contreras, se encuentran altos cargos como la jefa de la División de Administración y Finanzas, Leila Gasaui Irribarra; el jefe de la División de Planificación y Ordenamiento Territorial, Rubén Sandoval Gangas; y el Jefe de Presupuesto e Inversión Regional, Juan Parada González, junto con otros seis funcionarios del GORE Ñuble.
Cabrera explicó que esta citación se enmarca en las labores investigativas del Ministerio Público, pero que en ningún caso implica una presunción de culpabilidad.
“Es fundamental recordar que en nuestro país existe el principio de presunción de inocencia, y la identidad de los involucrados será resguardada para proteger su privacidad mientras se desarrollen las diligencias”, subrayó.
La investigación ha captado la atención debido a que el proyecto en cuestión fue parte de una iniciativa de cooperación binacional con Argentina, enfocada en fortalecer los lazos entre ambas naciones y promover la integración en la zona fronteriza de Ñuble.
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