La Corte de Apelaciones de Chillán ha programado para este miércoles 25 de septiembre, a las 8:30 horas, la audiencia para revisar la solicitud de desafuero del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo Llanos.
Esta petición fue presentada por la Fiscalía Regional de Ñuble el pasado 26 de agosto, en el marco de una investigación penal que se mantiene bajo reserva.
Recordemos que el gobernador Crisóstomo está siendo investigado por presunto cohecho. Las acusaciones indican que, durante su gestión como delegado provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en Ñuble, habría otorgado subsidios habitacionales de manera irregular a tres familiares directos: su padre, su hermano y su tía, pese a que no cumplirían con los requisitos establecidos.
Esta situación fue denunciada mediante una querella que sostiene que los subsidios se habrían otorgado fraudulentamente.
Fijan audiencia en contra de gobernador de Ñuble
Además, se señala que mientras desempeñaba su cargo en el Serviu, Crisóstomo habría estado al frente de la Inmobiliaria Pullay, empresa que dirigió hasta antes de ser elegido gobernador regional.
Esta inmobiliaria está siendo investigada por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas sociales en diversas comunas de la región, como San Nicolás, San Fabián, Quirihue y Quillón.
Las acusaciones contra la Inmobiliaria Pullay apuntan a que, en conjunto con otras dos empresas —Constructora Firenze y Asesorías Acoge— habrían realizado cobros indebidos de fondos públicos.
La situación ha generado preocupación sobre la gestión de los recursos destinados a programas de vivienda social y sobre la transparencia en los procesos de adjudicación y construcción.
Solicitud de desafuero
El secretario de la Corte de Apelaciones de Chillán, Gabriel Hernández, explicó que la solicitud de desafuero será evaluada en una audiencia especial.
En esta instancia, se escucharán los argumentos del Ministerio Público y la defensa del gobernador regional. El tribunal deberá determinar si procede o no el desafuero.
En caso de que la solicitud sea rechazada, la causa podría ser archivada.
Si se aprueba el desafuero, se procederá a la formación de la causa y el proceso penal correspondiente seguirá su curso.
La Corte concedió un plazo de 10 días para que Óscar Crisóstomo presentara un informe en respuesta a la solicitud de desafuero, plazo que comenzó el 29 de agosto.
Tras recibir el informe, se fijó la fecha de la audiencia para el 25 de septiembre.