Un inédito y duro reproche hizo la jueza de Garantía de Bulnes, en la región de Ñuble, a cuatro carabineros formalizados por delitos de corrupción. La magistrada enrostró a los uniformados el daño de sus ilícitas conductas a la institución, e incluso al Poder Judicial, al preguntarse si con sus partes policiales ella pudo haber dictado resoluciones equivocadas en el pasado.

Los ex carabineros de la Subcomisaría de Quillón -Rudy Huenuhueque, Michael Espinoza, Bernardo Cares y Rodrigo Soto- fueron formalizados por asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, entre otros delitos, decretando el tribunal la prisión preventiva como medida cautelar.

Al dictar la resolución, la jueza de Garantía de Bulnes, María Alejandra Cruz, admitió la pena que le causaba esta audiencia, al recordar que los imputados eran carabineros con los que la Fiscalía y el propio tribunal había trabajado.

“Es triste pensar que uno confiaba en lo que ustedes decían. Incluso, y las defensas les consta, muchas veces cuestionando los dichos de los imputados por confiar en carabineros, en particular en ustedes. Que triste que ahora vamos a tener que empezar a dudar de todos”, lamentó la magistrada al reconocer que conocía a algunos de los ex policías.

Además la jueza Cruz lamentó que los delitos cometidos por policías, que detentan la calidad de ministros de fe, socavan el Estado de Derecho y la fe pública.

Pero lo que más llamó la atención fue que la magistrada tuviera duda de resoluciones dictadas en el pasado y que se hayan sustentado en los partes policiales falsos por los que el Ministerio Público justamente formalizó la investigación. Por ello fustigó a los ex uniformados, respecto del daño causado no sólo al Poder Judicial, sino también a Carabineros.

“Me hace pensar que muchas veces me equivoqué y dicté resoluciones injustas”, dijo al creer en los partes policiales e información que entregaban ellos como ministros de fe.

Para decretar la prisión preventiva, la magistrada acogió los antecedentes entregados por el fiscal Pablo Fritz sobre el peligro para la seguridad de la sociedad y el peligro que la libertad de los imputados significaría para el éxito de la indagatoria.