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Cuatro ex carabineros de Quillón, en la región de Ñuble, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por múltiples delitos, incluyendo obstrucción a la investigación, falsificación de partes, denuncias falsas, cohecho, hurto simple, detenciones ilegales y microtráfico de drogas. Michel Espinoza Jara, Bernardo Cares Meliñanco, Rodrigo Soto Ibáñez y Rudy Huenuhueque Neculhueque, dados de baja de la Subcomisaría de Quillón, formaban parte de una estructura criminal organizada, liderada por Espinoza. Los ex uniformados perpetraron robos, alteraron partes policiales y realizaron detenciones ilegales, siendo considerados un peligro para la seguridad pública. El tribunal decretó la prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, destacando la colaboración de la Fiscalía con Carabineros en el caso.

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En prisión preventiva quedaron cuatro excarabineros de Quillón -en la región de Ñuble– que fueron formalizados por obstrucción a la investigación, falsificación de partes entregando actas y declaraciones sustancialmente falsas, denuncias falsas, cohecho, hurto simple, detenciones ilegales, y microtráfico de drogas.

Se trata de Michel Espinoza Jara, Bernardo Cares Meliñanco, Rodrigo Soto Ibáñez y Rudy Huenuhueque Neculhueque, ex carabineros -dados de baja- que pertenecían a la Subcomisaría de Quillón.

El fiscal Pablo Fritz Hoces expuso que los ex uniformados formaban parte de una estructura criminal organizada para cometer crímenes y delitos simples, aprovechándose de su condición de agentes del Estado.

“La acción delictual de estos individuos se extiende desde mayo de este año”, señaló el Fiscal, agregando que el líder de esta banda sería el ex sargento Michel Espinoza.

La investigación reveló un primer hecho ocurrido el 10 de mayo, cuando los ex carabineros llegaron a un local de juegos de azar en Quillón, detuvieron a su propietario bajo el pretexto de un delito aduanero y sustrajeron 1,5 millones de pesos, aunque solo reportaron 359 mil al cuartel policial.

Un segundo incidente tuvo lugar el 16 de mayo en otro comercio, propiedad también de un ciudadano chino. Los imputados se llevaron al dueño del local sin orden judicial y robaron 1 millón 800 mil pesos, además de productos como bebidas y bombones. “No hubo flagrancia ni autorización legal”, enfatizó el fiscal Fritz en la audiencia.

Alteración de partes

Entre los delitos también se incluye la alteración de partes policiales. En uno de estos documentos, los ex carabineros declararon una cantidad de dinero menor a la incautada y omitieron registrar objetos robados como un DVR que grababa las cámaras de seguridad. “Alterar el contenido de los partes policiales merece el mayor reproche“, afirmó el fiscal.

La gravedad del caso se refleja en otro hecho ocurrido el mismo 16 de mayo, cuando los imputados realizaron un procedimiento similar en otro local de juegos, llevándose dinero y falseando la información del parte policial. Espinoza también fue acusado de sustraer dinero de una chaqueta perteneciente a una de las víctimas.

El fiscal Fritz expuso que los imputados realizaron detenciones ilegales sin ninguna justificación, incluyendo el arresto de la esposa de un hombre que cumplía arresto domiciliario. Michel Espinoza fue formalizado además por robo con intimidación, al haberse apropiado de 300 mil pesos en una de estas intervenciones.

La Fiscalía subrayó la importancia del trabajo conjunto con Carabineros, destacando la labor de la Sección de Asuntos Internos. “Contamos con un equipo investigativo fiable que realizó su tarea de forma sigilosa para llegar a este resultado”, dijo el fiscal Fritz.

El tribunal determinó que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad pública y para el desarrollo de la investigación, por lo que decretó la prisión preventiva para los cuatro ex carabineros.

La magistrada María Alejandra Cruz Vial expresó su preocupación por la gravedad de los hechos, señalando: “Me hace pensar que muchas veces me equivoqué y dicté resoluciones injustas por creerles“.

El Juzgado de Garantía de Bulnes fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)