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Líos de deudas: jueza de Chillán percibe $10 mil tras embargo del 99,8% de su sueldo mensual

Publicado por Manuel Cabrera
La información es de Fabián Polanco

20 mayo 2024 | 15:51

La Corte de Apelaciones confirmó la legalidad del embargo del sueldo para una jueza de Chillán, por concepto de una millonaria deuda, lo que significará que por los próximos 10 meses la magistrada percibirá alrededor de 10 mil pesos mensualmente.

Ante esta situación, el abogado de la afectada intentará un último recurso ante la Corte Suprema.

Se trata de un caso conocido el año pasado, cuando fue dictado el fallo definitivo que acogió la demanda de Carmen Julien Sepúlveda, ordenando a la jueza del Tribunal Oral de Chillán, Claudia Montero, pagar la deuda adquirida el 2013 cuando solicitó a la primera un préstamo de 45 millones de pesos.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha concretado el cumplimiento de la sentencia, tras varios recursos tanto del abogado de la demandante, Roberto Neira, como del representante de la demandada, Ignacio León, ratificando en ambos la Corte de Apelaciones la legalidad del embargo del salario de la magistrada.

Así lo confirmó el abogado Neira, al señalar que todas las resoluciones dictadas hasta ahora por el Poder Judicial dan luz verde a la medida del embargo.

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El abogado León se excusó de referirse al tema, sólo informando que existen recursos pendientes, una apelación a la Corte Suprema, mientras que su clienta, la jueza Montero también evitó dar una versión y sólo señalando que ya se le han retenido dos sueldos, percibiendo en los últimos dos meses $9 mil y 11 mil pesos como remuneración, respectivamente.

A pesar de esas retenciones, Carmen Julien no ha recibido aún sus dineros, 65 millones de pesos si se suman los reajustes e intereses, señalando su abogado que de acuerdo al monto del embargo mensual la deuda debería quedar saldada el próximo año.

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Además, hace poco Carmen Julien logró que se condenara al Consejo de Defensa del Estado al pago de 8 millones de pesos como daño por la demora de un juez que permitió a la magistrada demandada vender un inmueble con el que se podría haber pagado la deuda en su momento.