Con arresto domiciliario total quedó el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino, investigado por delitos de corrupción. En su caso particular, se imputaron dos delitos de cohecho.
Se trata de la indagatoria que lidera la fiscal Nadia Espinoza Caro, en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble, en la causa por presuntas irregularidades en la licitación de cuentas bancarias en diferentes municipios y que mantiene en prisión preventiva al alcalde de San Ignacio, César Figuera, o tras tres personas, entre ellos un empresario chillanejo.
En la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Bulnes, la persecutora solicitó aplicar la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra del alcalde, argumentando que se presentó voluntariamente ante la PDI y ha prestado colaboración en la investigación. Requerimiento que acogió el tribunal.
Además, Manuel Pino quedó con las medidas cautelares de prohibición de salir del país, de acercarse a la municipalidad y de contactarse con los demás imputados de esta causa.
Respecto al plazo de la investigación, se fijaron los mismos 7 meses que se aplicó en el caso del resto de acusados.
Es preciso indicar que esta causa se declaró secreta a fin de no afectar las diligencias pendientes.
Formalizados por presunta corrupción:
– César Figueroa Betancourt, alcalde del municipio de San Ignacio: acusado de dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos. Está en prisión preventiva.
– Krysler Monroy Castillo, director de Salud del mismo municipio de San Ignacio, formalizado por un delito de cohecho y otro de fraude al Fisco. También en prisión preventiva.
– Rodrigo Carmona Olivarez, empresario chillanejo, acusado de cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secretos. En prisión preventiva.
– Rodrigo Sandoval Terán, operador político y colaborador del empresario Rodrigo Carmona, acusado de tres sobornos y una estafa frustrada. En prisión preventiva.
– Edgardo Suazo Jiménez, jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Ignacio, investigado por dos cohechos y dos fraudes al Fisco. Quedó con arresto domiciliario total.
– Hugo Troncoso Salazar, tesorero municipal de San Ignacio, formalizado por cohecho. Quedó con firma mensual en Carabineros y prohibición de salir del país y de acercarse al municipio en que trabaja.
– Manuel Pino, alcalde de Ñiquén, acusado por dos delitos de cohecho. Decretaron su arresto domiciliario nocturno.