Tras el desarrollo de una audiencia de formalización, declarada reservada por el tribunal, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de San Ignacio, César Figueroa, investigado por fraude al fisco, cohecho y otros delitos económicos.
Por varias horas se extendió la audiencia en el Juzgado de Garantía de Bulnes, donde la fiscal Nadia Espinoza detalló los cargos por los que están investigados los siete acusados, entre funcionarios municipales y empresarios.
Así, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, la jueza Claudia Aguayo ordenó la prisión preventiva para el alcalde de San Ignacio, César Figueroa; el funcionario público Krysler Monroy, el empresario Rodrigo Carmona y su colaborador Rodrigo Sandoval.
En el caso particular del jefe comunal lo formalizaron por dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos.
En tanto, el director de Salud del mismo municipio, Krysler Monroy Castillo, fue formalizado por un delito de cohecho y otro de fraude al Fisco.
Investigación al alcalde César Figueroa
Con la misma medida cautelar privativa de libertad, por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad, quedó el empresario chillanejo Rodrigo Carmona Olivarez.
Se trata de una autoridad a quien se le investiga por cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secretos.
La cuarta prisión preventiva se decretó para Rodrigo Sandoval Terán, quien ejercía como operador político y colaborador del empresario Rodrigo Carmona.
Además se decretó el arresto domiciliario total para el jefe de gabinete del municipio, Eduardo Suazo. Esto, mientras que el director de Finanzas, Hugo Troncoso, quedó con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a la Municipalidad de San Ignacio.
Carlos Fernández Aedo, jefe de Administración de la Dirección de Administración Municipal de Ñiquén, quien fue formalizado por violación de secretos y cohecho, quedó con arresto domiciliario nocturno, firma quincenal en Carabineros.
A lo anterior se suma la prohibición de salir del país, de acercarse al municipio y de comunicarse con los demás imputados.
En la instancia se fijó un plazo de 7 meses para la investigación.