Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó un capitán y un cabo de Carabineros -actualmente dados de baja de la institución- tras ser formalizados este martes por los delitos de violación y abuso sexual reiterado en contra de dos trabajadoras de un club nocturno en San Carlos, región de Ñuble.

En la audiencia se expusieron los testimonios de las víctimas, dos trabajadoras sexuales del night club “Las Malvinas” de San Carlos, quienes acusan que fueron agredidas y forzadas a realizar actos sexuales a los funcionarios policiales a la fuerza.

Al cabo de Carabineros además se le imputó un abuso sexual hiperagravado en contra de una de las víctimas y al capitán un abuso sexual por sorpresa en contra de una tercera víctima, correspondiente a la cajera de un local.

Este último, quien se desempeñaba esa noche como oficial de ronda de la Prefectura de Ñuble, escribió previamente, en el libro de novedades de la comisaría de San Carlos, que entre las 00:00 horas y 1:20 horas del sábado 4 de marzo ejecutarían una serie de actividades, para – a juicio de la Fiscalía – cubrir lo que realmente realizarían. Por esta falsificación, también fue formalizado por un delito especial contemplado en el Código de Justicia Militar.

Precisamente, la formalización de la Fiscalía detalla que pasada las 00:00 horas del sábado 4 de marzo, ambos imputados, encontrándose de servicio en la población, a bordo de un carro policial, vistiendo el uniforme institucional y portando sus armas llegaron hasta un club nocturno de San Carlos, donde ingresaron simulando realizar un procedimiento policial de control.

La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, indicó que, en ese contexto, revisaron las dependencias, y bajo intimidación y violencia cometieron los delitos de índole sexual en contra de las trabajadoras del club nocturno. Luego de ello, se preocuparon de limpiar el lugar e, incluso, llevarse evidencia biológica.

La persecutora argumentó que los delitos fueron cometidos con las agravantes de ser funcionarios públicos, y actuar con alevosía y por dos o más autores que se concertaron.

Con los antecedentes expuesto, la magistrada del Juzgado de Garantía de San Carlos, Claudia Gómez, acogió el requerimiento de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva en cuanto a la gravedad de lo ocurrido. Esto porque la pena que arriesgan es en cumplimiento de cárcel efectiva, además del contexto en que ocurrieron estos hechos, que hayan sido cometidos por dos personas, a la reiteración de delitos, al carácter pluriofensivos de estos, a que son funcionarios públicos y a que se requiere esta medida cautelar para asegurar la integridad de las víctimas, y los fines y actuaciones del procedimiento.

“En este caso, una de las imputaciones que se hace al capitán es haber falseado la información de los registros en la comisaría y eso es un antecedente relevante de que pudiera haber una intervención en la investigación”, destacó la magistrada.

Respecto a los argumentos de la defensa, en cuanto a que efectuaban un control policial, que hallaron droga y que los delitos son inventados por las víctimas, la magistrada reparó en que los carabineros imputados no dejaron registro de aquello en el libro de novedades y no dieron cuenta a las autoridades de la existencia de algún delito, como la venta de droga.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de San Carlos decretó cuatro meses de plazo para la investigación de la Fiscalía y acogió una querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por el delito de tortura con violación.

La Fiscalía realiza las diligencias de este caso en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Ñuble.

Tras lo ocurrido, desde Carabineros se instruyó desvincular de forma inmediata a ambos implicados.