Cuando en 2008, el entonces prefecto de Carabineros de Ñuble, Ricardo Asfura, hacía una visita a una comuna rural de la región, acompañado por quien fuera intendente del Bío Bío, Jaime Tohá, llegaron al escenario que los esperaba en la plaza de Armas, para ser recibidos por las autoridades locales.

“Y en eso, pasó un auto con la música a todo volumen y se bajaron con una actitud muy desafiante, un grupo de jóvenes que parecían pavos reales por como andaban vestidos. Andaban llenos de cadenas y cosas así”, evoca.

El intendente los miró y le dijo “sonamos, este pueblo ya no va a ser nunca más lo que era”.

“Si lo hubiese dicho en público le habrían llovido las críticas y capaz que lo hubiesen destituido, y esto te lo digo porque cuando nosotros hacíamos informes y estampábamos los riesgos que se detectaban, desde arriba siempre nos decían que estábamos exagerando. Bueno, que vengan ahora a decirme que estábamos exagerando, que estábamos discriminando injustamente. Que vengan ahora”, comentó el exuniformado, al ser consultado si a su parecer en Ñuble ya había o no, crimen organizado.

De esta manera, Asfura busca demostrar que a veces lo “políticamente correcto”, evita decir verdades “del porte de un buque y te hace decir mentiras del porte de un buque. Cada vez que llega una nueva autoridad te va decir que Ñuble es muy tranquilito, que no pasa nada. Todos sabemos que eso es falso”.

Ese pueblo, mencionado por el exjefe policial, es nada más ni menos que Coelemu. La comuna entró la semana pasada a la historia de los anales criminales de la Región de Ñuble, cuando por primera vez en toda sus existencia, el Ministerio Público formalizó a un hombre por encargar, a unos sicarios, el homicidio del vecino Manuel Cabrera Placencia, en junio de 2020. El primer sicariato de nuestra historia.

“Sinceramente, me extraña que no hubiese pasado antes. En Santiago hay gente que está cobrando 50 mil pesos por matar a alguien”, concluye Asfura.

“Coelemu hacer rato dejó de ser tranquilo. Llegó mucha gente de afuera, de Boca Sur (Concepción) y de otros lugares, ahora hay robos a locales comerciales, en las casas, en el banco, tiroteos y recién el miércoles (27 de abril), entraron a robar en Copelec”, dice Scarlett, hija de Manuel Cabrera.

Junto a esta noticia del sicariato, en la misma semana se reveló que Ñuble es la segunda región del país en porcentaje de alza de delitos violentos; y que Chillán, es la primera comuna de Chile en cantidad de allanamientos por drogas.

El mismo año en que se registraron los primeros alunizajes, las primeras encerronas en la calle con quitadas de vehículos y el hacerse pública la cifra de que el Ministerio Público de Ñuble tiene 116 causas vigentes por corrupción.

¿Hay, entonces, crimen organizado ya en Ñuble?

Consultado el jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional, Álvaro Hermosilla, su respuesta es: “en estricto rigor, sí”.

Quiénes son

No existe solo un perfil de este nuevo criminal que hoy opera en Ñuble.

Solo está meridionalmente claro que ya no es ese “cogotero” que roba billeteras en las esquinas.

Quienes están detrás de los actos de corrupción son, conforme lo explicara el jefe de la Fiscalía de Chillán, abogado Sergio Pérez, en entrevista a La Discusión, del pasado domingo 24 de abril, “personas que han establecido una red de amistad que se arrastra desde las época del colegio o la universidad y que colaboran entre sí para asegurarse cargos públicos y favorecerse ilícitamente desde esa plataforma”.

Añade que han aprendido a mantener un perfil bajo y que, conociendo los alcances punitivos de la ley anticorrupción, han generado un sistema muy “intrincado de autoprotección”.

En este grupo se cuenta a funcionarios municipales, empresarios y terceros favorecidos indirectamente con los resultados de estas redes.

Otro ejemplo de organización es el que se observa en el tráfico de drogas. Es aquí, donde a juicio del fiscal Álvaro Hermosilla, se advierte que han aprendido a imitar el modelo de negocios y administración del mundo privado.

Organigramas claros y definidos e incluso “tercerización de servicios, como el transporte de drogas, enlaces con contactos o la facilitación de armas. En estos delitos hay personas que arriendan armas a estas bandas para que en caso de allanamientos no se las encuentren ni se las incauten”, explica.

De todas maneras, el persecutor aclara que “estas organizaciones no están, todavía, en las escalas que observamos en las ciudades más grandes, pero era necesario para nuestra fiscal regional (Nayalet Mansilla) incluir los delitos de drogas dentro de los focos investigativos en los que trabaja nuestra unidad de Sacfi, así nos concentramos en investigar a toda la estructura que ingresa droga a la ciudad, más que hacernos casos de hechos puntuales, como el microtráfico”.

En esta dinámica, después de la droga propiamente tal, sigue como constante la tenencia ilegal de armas.

Sacfi, que hoy por primera vez tiene acceso a los registros de la Autoridad Fiscalizadora de Armas, de Carabineros, ha incautado entre 2021 y 2022 cerca de 120 armas que se encontraban irregularmente en manos de particulares.

“Otro tema que hemos estado analizando con Sacfi es que muchas de las bandas locales están recibiendo directa e indirectamente más conocimientos para delinquir de formas más complejas y sofisticadas. Más allá de los aprendizajes que se puedan obtener a través de los medios o de Internet, también hemos visto presencia de bandas de otras ciudades más grandes y de mayor contacto criminógeno que se asocian con delincuentes locales, y ellos también van aprendiendo”, concluye.

Confianza en las policías

Este año asumió Andrés Canelo como prefecto de la PDI, unidad policial encargada de los delitos de mayor complejidad.

Dentro de sus muchas destinaciones, entre las que se puede contar a Santiago, Los Andes o Valdivia, también está Iquique. En esta última comuna es que pudo ver una actividad mayor de bandas organizadas en torno al narcotráfico.

Si se le pide contrastar esa experiencia con lo que ha encontrado en Ñuble, evidentemente explica que “esta región me parece que aún sigue siendo tranquila. Sin embargo, esos delitos que estamos viendo en otras ciudades y no todavía acá, van a llegar sí o sí”.

El tono, más que de pesimismo, es de realismo y lógica si se admite que lo que se inventa en un punto del planeta, se tiende a copiar en el resto.

“Pero lo que las personas deben saber es que la Policía de Investigaciones se encuentra a la altura de las circunstancias”, sostiene.

Para argumentar lo anterior anticipa que, en conjunto con la Fiscalía, y a nivel nacional, se está trabajando en un modelo de colaboración (modelo de Investigación Preferente) el que permitirá la designación de equipos enfocados de manera preferente en causas de especial complejidad.

Por esto es que la PDI ha potenciado sus ciclos de especializaciones, capacitaciones en todas sus brigadas.

Sin embargo, acá las brigadas del cibercrimen juegan un rol que les otorga un protagonismo como nunca antes, porque “el ciberdelito es el del presente y del futuro. El uso de dispositivos tecnológicos, cibernéticos está presente en casi todas las bandas y ellos cuentan con tecnologías avanzadas, también, como los inhibidores de señales de celular, y esto nos exige mayor especialización y mayores recursos”.

Aunque es sabido que Ñuble no cuenta con un laboratorio policial completo, el prefecto aclara que al menos poseen las herramientas para resolver las necesidades más frecuentes, como por ejemplo, poder identificar a una persona por sus huellas dactilares.

Pese a lo anterior, hay una brecha que no se puede ignorar, como la confianza que el trabajo policial, el de los fiscales y de los tribunales, despiertan en la ciudadanía. La misma que tiene información clave para que las policías puedan trabajar con mayor eficacia.

Existe una desconfianza que quedó plasmada en el último informe de Seguridad Comunal (2020) desarrollado por la Municipalidad de Chillán. Esta era la principal razón por la que los vecinos no denuncian cuando son víctimas de delito.

Alejandra Martínez, encargada de la Oficina Comunal de Seguridad, sostiene que la metodología que se está comenzando a aplicar para fortalecer la necesaria confianza es la de acercarse más a las organizaciones territoriales y más trabajo en terreno.

Esto incumbe a la Dideco, a las delegaciones municipales, a la creación de mesas barriales de seguridad, “pero también es importante que haya un principal rol del Concejo Comunal de Seguridad Pública, porque muchas personas que tienen necesidades en materia de seguridad, ignoran que se pueden presentar proyectos y que hay recursos para materializarlos”.

Una mirada legal

Los abogados penalistas de la plaza desestiman por completo que este paso a una delincuencia de mayor peligrosidad se relacione con falencias u obsolescencias del Código Penal vigente, “porque las leyes están existen y están listas para ser aplicadas. Está claro cómo se sancionan las organizaciones criminales, los requisitos, las penalidades, sistemas de expulsión para extranjeros. El problema radica con las políticas de Gobierno”, dice la abogada penalista y docente de Derecho (UdeC), Belén Acuña.

Es en este punto que vuelve a la crítica de la falta de modernización de la metodología de persecución y análisis por parte de las policías.

El abogado, Giovani Gotelli, quien dice compartir este análisis, y agrega que “lo que está fallando es el sistema de Inteligencia Policial. No es posible ni verosímil que cuando se desbarata una red de tráfico, nunca caiga el que está a la cabeza. No es posible que la droga cruce la aduana, los peajes y llegue a las poblaciones sin que los servicios de inteligencia no lo sepan”.

Y termina diciendo que “a lo mejor hay intereses cruzados y en eso prefieren no meterse”.