La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló graves cargos al proyecto de construcción del embalse Punilla en San Fabián de Alico, en la región de Ñuble, relacionados con el plan social para relocalizar a familias del sector y un irregular procedimiento de desalojo llevado a cabo hace tres años.
Las primeras denuncias al respecto las recibió la SMA en 2017, cuando desde la Junta de Vecinos Los Sauces dieron cuenta de la incertidumbre de los propietarios sobre la masa ganadera y su forma de subsistencia una vez que se fueran de la zona donde estaban arraigados.
Las denuncias continuaron en los meses, posteriores respecto de que la actualización del Plan de Desarrollo Social era extemporáneo y no daba por ende adecuada respuesta a la necesidad de los afectados.
El desalojo forzoso de habitantes históricos, llevado a cabo por Carabineros el 21 de noviembre del 2018, fue la culminación de acciones que incluso denunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que la Superintendencia de Medio Ambiente acogió en este proceso sancionatorio, confirmó Cristián Lineros, jefe de la oficina regional de la SMA en Ñuble.
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De las 10 infracciones que formuló la Superintendencia a la Sociedad Concesionaria Aguas del Punilla, tres fueron calificadas como graves y el resto de leves.
Los cargos graves podrían ser objeto de revocación de la Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), clausura o multa de hasta 5 mil UTA.
Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, que representa a un grupo de familias de la zona, dijo que pasarán algunos meses antes de que haya una resolución, recordando que la denuncia ya tiene varios años.
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El jurista apuntó a que el Ministerio de Obras Públicas no puede desentenderse de este procedimiento sancionatorio ambiental dirigido a la sociedad concesionaria, cuyo contrato fue extinguido en agosto pasado debido a un error cometido por el MOP en el cálculo de la masa de agua embalsada y de generación de energía eléctrica del proyecto.
Esto obligó a dicho ministerio a llamar una nueva licitación, después de 5 años de adjudicada la obra a la firma italiana Astaldi y cuando ya han pasado 11 desde que obtuvo el permiso ambiental este proyecto que permitiría asegurar y extender el riego a varias comunas de la Región de Ñuble.