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La Contraloría Regional ha ordenado al Hospital Clínico de Magallanes llevar a cabo un sumario por un posible conflicto de interés entre dos jefes de servicio, María Isabel Iduya Landa y su hijo, Francisco Vergara Iduya, quien trabaja en el Servicio de Gastroenterología del recinto. La investigación revela que Francisco fue contratado en 2012 y continuó hasta la actualidad, mientras que María Isabel ha estado activa desde 1990 y ha ocupado cargos de subdirector. La unidad de gastroenterología, donde Francisco es jefe, depende directamente del Centro de Responsabilidad de Medicina, dirigido por su madre. Ante estos hechos, la Contraloría ha ordenado un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas resultantes de esta situación.
La Contraloría Regional instruyó al Hospital Clínico de Magallanes a realizar un sumario por posible conflicto de interés entre dos jefes de servicio.
Se trata de la jefa de Centro de Responsabilidad Médico, María Isabel Iduya Landa, y su hijo, Francisco Vergara Iduya, quien cumple labores en el Centro de Responsabilidad Médico del Servicio de Gastroenterología.
De acuerdo con los antecedentes recabados por el ente fiscalizador, según información del subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital, Alexis Vásquez, Francisco entró a trabajar al recinto en abril de 2012, “prorrogándose su contratación hasta la actualidad”, se lee en el documento de Contraloría.
María Isabel, en tanto, entró el 8 de enero de 1990, “manteniéndose activa en el servicio a la fecha”. A ello se suma como antecedente de la madre, que ha sido nombrada en “subrogación director y subdirector del Hospital”.
El texto de Contraloría señala que “la unidad de gastroenterología y endoscopia, de la cual don Francisco Vergara Iduya fue nombrado como jefe mediante resolución exenta N°1.193 en mayo de 2023, a contar del 13 de marzo de ese mismo año, depende directamente del Centro de Responsabilidad de Medicina, el cual está a cargo de su madre desde el 1 de octubre de 2017”.
Por todo lo anterior, la Contraloría instruyó “un procedimiento disciplinario, en orden a establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del hecho representado”.
