Juzgado de Garantía de Punta Arenas dio por acreditado los dos delitos y la participación del imputado en los hechos expuestos.
Con las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó el exfiscal jefe de Puerto Natales, Cristian Muñoz Pérez, imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos en el marco de la ley de drogas.
El fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, formalizó hoy la investigación por los mencionados ilícitos en contra del expersecutor, quien fue destituido del Ministerio Público en septiembre de 2023 tras un sumario interno.
En la audiencia de formalización efectuada este viernes y que duró por cerca de tres horas, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dio por acreditado los dos delitos y la participación del imputado en los hechos expuestos.
Tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron la prisión preventiva del imputado, medida cautelar que no fue acogida por el tribunal.
En su reemplazo, la jueza suplente Mónica Mancilla Barría, impuso la cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario total por estimar que la prisión preventiva -para este caso específico- no resultaba indispensable para asegurar los fines del procedimiento.
Ante esto, el Ministerio Público evaluará la presentación de un recurso de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
Antecedentes que permitieron imputar cohecho en contra de exfiscal de Puerto Natales
En base a lo planteado hoy en la audiencia de formalización por el fiscal Carlos Palma, quien fue asignado por la Fiscalía Nacional para dirigir esta investigación penal en contra de quien estuviera a cargo de la Fiscalía Local de Puerto Natales desde 2018, se cometieron dos delitos por parte del entonces funcionario público, Cristian Muñoz Pérez.
En primer término, el 12 de febrero de 2022 en horas de la tarde, en un domicilio de Punta Arenas, el persecutor penal se reunió con el denunciante de esta causa y otras personas, presentándose como el fiscal jefe de Puerto Natales y que, en su calidad de tal, haría todas las gestiones para cobrar un pagaré de 20 millones de pesos en favor del sujeto.
También, el fiscal Carlos Palma añadió en la audiencia de formalización que el imputado Muñoz Pérez ayudaría en la recuperación del dinero de una máquina retroexcavadora hablando con el Notario Público que autorizó la venta del vehículo con un poder vencido.
Por ello, dijo que vería qué “se podía hacer en una causa relativa al robo de un camión ocurrido el año 2018 en Santiago”. Lo anterior, implicaría el pago de 7 millones de pesos que el ahora denunciante debía entregar al fiscal y a otro abogado.
El 14 de febrero de 2022, en el mismo domicilio y de acuerdo a la investigación, el denunciante manifestó que no tenía dinero para pagar los honorarios, pero que podía dar en pago un automóvil marca Suzuki, año 2015, el que fue aceptado por Cristian Muñoz Pérez, recibiendo el auto ese mismo día.
De esta forma, el entonces Fiscal Jefe de Puerto Natales aceptó recibir un beneficio económico, consistente en la entrega del vehículo avaluado en 4 millones 500 mil pesos, a cambio de ejecutar acciones consistentes en el cobro de un pagaré y además, instar por la recuperación del valor en dinero de una retroexcavadora, abusando de su cargo y faltando a la probidad.
La investigación por el delito de secretos
Respecto del delito de revelación de secretos en el marco de la ley 20.000 de drogas, el fiscal Carlos Palma expresó en la audiencia de formalización que, desde octubre de 2022, se desarrolló una investigación por el delito de tráfico de drogas en la zona, en la cual apareció como blanco de interés un imputado que trabajaba en una botillería, de la cual era socio con un tercero.
El 5 de diciembre de 2022, a eso de las 21:06 horas, el fiscal Cristian Muñoz Pérez, con infracción a los deberes de reserva y confidencialidad propios a su función, indicó vía mensaje de WhatsApp al socio del blanco de interés y quien además le arrendaba al -ahora- imputado una pieza para vivir en Puerto Natales, la presencia de funcionarios antinarcóticos de la PDI.
Con esto, el imputado divulgó información relativa a una investigación de drogas amparada por el secreto, la cual terminó con la detención del blanco de interés en posesión de poco más de 10 kilos de marihuana elaborada.
En la audiencia de formalización, también expuso distintos argumentos de la causa, el Fiscal Jefe de Curacaví, Paul Martinson, integrante del equipo investigativo del Ministerio Público y el abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado, Marcel Villegas. La defensa del imputado está a cargo del abogado Andrés Cruz.
El plazo para el término de la investigación fue fijado en 90 días, por parte del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
