Tras tres días de juicio, se decretó veredicto condenatorio contra Francisco Javier Ruiz Cárdenas, quien se desempeñó como seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes en 2009, durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
La exautoridad regional era acusada de ser autor en desarrollo de consumado de los delitos de tráfico ilícito de drogas y cultivo, siembra y/o cosecha de especies vegetales del género cannabis sativa, sin contar con el permiso correspondiente.
A raíz de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Punta Arenas, el personal de la Sección OS7 de Carabineros, pudo ingresar al domicilio del acusado. En el inmueble habían sistemas acondicionados para el cultivo indoor de especies de cannabis sativa y alrededor de 39 plantas en proceso de cultivo y crecimiento en maceteros plásticos.
Además, en el baño se encontraron colgadas con nylon blanco, trozos de ramas de marihuana elaborada en proceso de secado y distintos recipientes con droga.
Continuando con la revisión del inmueble, en el segundo piso, detectaron además una caja fuerte con más de $3 millones de dinero en efectivo.
Exseremi condenado por tráfico de drogas en Punta Arenas
Fue así que el 13 de enero del año pasado, Francisco Javier Ruiz Cárdenas fue detenido.
Ayer, en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, se emitió un veredicto condenatorio por los delitos antes mencionados.
Según señaló el magistrado, la imputación, realizada por el fiscal Manuel Soto, “resultó suficientemente demostrada, respecto de los tipos penales antes aludidos”.
“En consecuencia, se desestima las alegaciones de la defensa de haber sostenido la prueba de cargos con infracción de garantías constitucionales, las que no se aprecian, ni en el origen de la investigación, como tampoco en su desarrollo, e igualmente, la de cultivo ilícito únicamente al consumo personal, ya que la misma prueba de cargos desestima tal justificante y la prueba de descargo tampoco permitió así establecerlo”, añadió el persecutor.
La pena para al acusado será determinada el sábado a las 11 horas, en audiencia telemática.
Cabe recordar que la Fiscalía solicita la pena única de 6 años de cárcel, multa de 100 unidades tributarias, accesorias legales y el pago de las costas de la causa.