Durante este lunes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas sentenció a dos marinos mercantes acusados de abusar sexualmente de una menor de 14 años al interior de un hotel, en la región de Magallanes.
Los sujetos cumplirán tres años de libertad vigilada intensiva por “obtención de servicios sexuales” de menores de edad.
Luego que el tribunal dictara la sentencia, los hombres abandonaron el Complejo Penitenciario de Punta Arenas tras cuatro meses en prisión preventiva.
Abuso de marinos mercantes hacia la menor: los hechos
Los acusados –de 19 y 28 años– fueron detenidos el 8 de julio. Tras pasar la noche en un céntrico pub de Punta Arenas, ambos se dirigieron a una discoteca.
En el trayecto cruzaron la Plaza de Armas Muñoz Gamero y se encontraron con la víctima, quien estaba acompañada de dos amigas.
De acuerdo con la acusación, la afectada dijo a los imputados que tenía 17 años y residía en un hogar del Servicio Mejor Niñez.
Ante esta situación, la menor les pidió un lugar donde pernoctar esa noche, pues estaba bajo los efectos del alcohol y no quería que los monitores la vieran en ese estado.
Los hombres la trasladaron al Hotel Isla Rey Jorge, a dos cuadras de la plaza. Arrendaron una habitación y aprovecharon la situación de vulnerabilidad de la menor para turnarse y mantener relaciones sexuales.
En concreto, la acusación indica que los imputados “se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad, lo que está asociado a la ingesta de alcohol y sustancias, las que se dan de manera habitual en un contexto de explotación sexual”.
Fiscalía: “obtención de servicios sexuales de menores”
Los marinos fueron formalizados inicialmente por estupro. Sin embargo, en su acusación la Fiscalía cambió el delito por “obtención de servicios sexuales de menores”, con la agravante de cometerlo siendo dos o más personas.
El tribunal les impuso tres años de cárcel. No obstante, la pena se sustituyó por la libertad vigilada intensiva al considerar que no tienen antecedentes penales y que colaboraron con la justicia.
Los imputados cumplirán la pena en otras regiones del país. Mientras dure, los condenados deberán cumplir un programa de intervención individual que diseñe Gendarmería. Además, no podrán acercarse ni mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.