"Es una bofetada a las víctimas": abogado de la familia Harex por libertad bajo fianza de procesados

Esperanza generó el procesamiento de cuatro carabineros en retiro y tres sacerdotes salesianos, a quienes se les atribuyó ser encubridores de la sustracción del menor Ricardo Harex en 2001, en la ciudad de Punta Arenas.

Este estado de ánimo se cayó abruptamente después de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas -durante este fin de semana- haya otorgado la libertad bajo fianza a las siete personas procesadas por la ministra -ahora jubilada- Marta Jimena Pinto.

Recordemos que esto fue hace 21 años, específicamente el 19 de octubre de 2001 cerca de las 23 horas, cuando el joven de 17 años fue visto por última vez. Estuvo en un quincho, en el cumpleaños de un amigo hasta la madrugada, y posteriormente se fue a la estación de servicio donde se le perdió el rastro al alumno del Liceo Salesiano San José.

En un principio la investigación tuvo como sospechoso al sacerdote de la misma congregación, Rimsky Rojas, a quien se le atribuía estar rondando el quincho -sin embargo- no pudo seguir siendo investigado, ya que se suicidó en la región Metropolitana.

Caso Harex

El viernes -a solo horas de haber jubilado como ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas- Marta Pinto procesó al general de Carabineros en retiro, quien además era jefe de zona, Hernán Bravo. También a los oficiales Héctor Peña, Máximo Sánchez y Anwar Kharaufeh.

Asimismo, les atribuyó participación a los sacerdotes salesianos: Leonardo Santibáñez, Vincenzo Soccorso di Bono y Bernardo Bastres, quien además se convirtió en obispo de Punta Arenas.

Según el auto de procesamiento, la desaparición de Harex es atribuible a la participación de terceros, quienes podrían presentar alteraciones psicopatológicas y también poder institucional.

El abogado de la familia de Harex, Pedro Díaz, aseguró a La Radio que estos alegatos que se realizaron este fin de semana -ante la Corte de Apelaciones- solo estuvieron presentes los abogados de los procesados y no parte de la familia.

Además, afirmó que la resolución es una bofetada, pero valoró que aún sigan en calidad de procesados.

“Pudieron alegar solo los abogados de los procesados y ahí está la rebaja de la fianza. Esa es una bofetada a las víctimas, pero esa resolución tiene mucha importancia porque la resolución de la corte mantiene el procesamiento (…)”, precisó el jurista.

“Hay infancias siendo abusadas por personas con sotana o personas con uniforme”

En tanto, el fundador de la red de sobrevivientes de abusos en entornos institucionales, Eneas Espinoza, recordó que aún siguen los abusos por quienes ocupan sotana o también uniforme.

“Este tipo de señales solamente siguen avalando la impunidad, porque no nos podemos olvidar que hoy en Chile, en una parroquia, en un colegio, en un grupo scout, hay infancias siendo abusadas por personas con sotana o personas con uniforme“, manifestó Espinoza.

Cabe recordar que estas siete personas procesadas estaban en prisión preventiva, pero la estaban cumpliendo en sus respectivos domicilios, según la resolución de la magistrada. Esto, porque tenían una edad avanzada y también por el covid-19.

Tras esta acción judicial interpuesta, se revocó la prisión preventiva y los procesados quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.