Contraloría acogió a trámite un requerimiento realizado por parlamentarios por el polémico acuerdo realizado entre el gobernador de Magallanes con la ONU, para la llegada de migrantes a la región.
En abril pasado, el diputado de Evópoli, Christian Matheson, envió un requerimiento a la Contraloría para determinar la legalidad de un polémico acuerdo para el arribo de refugiados a Magallanes.
Se trata de un convenio de cooperación internacional entre el gobernador regional, Jorge Flies, y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Juan Carlos Murillo.
Según se acusó, dicho convenio no habría sido consultado con algún miembro del Consejo Regional (Core), pasando solamente por la autoridad regional.
Asimismo, se apuntó que la conducción, negociación y suscripción de tratados internacionales es de potestad exclusiva del Presidente de la República.
Esto último, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Solicitaron pronunciamiento de Contraloría
Por lo anterior, el diputado Matheson solicitó el pronunciamiento de la Contraloría General de la República.
Dicho pronunciamiento de legalidad fue declarado admisible y se refundó junto a la misma solicitud realizada por otro parlamentario.
En ese caso, ocho municipios habrían firmado el mismo convenio.
Matheson critica acuerdo entre gobernador de Magallanes y Acnur
Al respecto, el diputado Matheson aseguró que a su juicio la Gobernación Regional habría excedido sus atribuciones.
“Aquí es fundamental para la transparencia del proceso que, si el gobernador no actuó dentro del ámbito de sus competencias, sea dejado sin efecto el convenio”, dijo.
“Además, en el caso de que se hubieran asignado recursos, estos deban ser restituidos a las arcas fiscales, ya que la prioridad siempre deben tenerla los magallánicos”, concluyó.
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