Una enfermera evalúa acciones legales en contra de la Municipalidad de Paillaco, luego de ser desvinculada de sus funciones en la Posta Rural de Reumén acusando represalias en su contra tras denunciar un acoso laboral de un administrativo del centro asistencial.
La historia de Katherine Salinas se remonta al 2021, cuando comenzó a trabajar en el área de salud de la comuna, tanto en zonas rurales como urbanas.
En su trayectoria laboral se desempeñó en varias funciones, pero los problemas comenzaron cuando fue contratada a la Posta de Salud Rural en la localidad de Reumén.
Acoso laboral y hostigamiento administrativo
En conversación con Radio Bío Bío, indicó que en ese lugar sufrió acoso laboral y hostigamiento de un administrativo que estaba a cargo de agendar las horas de los pacientes.
En ese sentido, Katherine Salinas afirmó que el funcionario en cuestión no respetaba sus labores ni los bloqueos de agenda que tuvo para trabajar en un programa de salud cardiovascular, señalando que le asignaba pacientes sin autorización.
Sin embargo, lo que generó su molestia fue que recibió un correo del Departamento de Salud Municipal en el que se le informó que no le renovarían su contrato a partir del 31 de octubre.
Para Salinas, dicha decisión se tomó por represalias en su contra, tras denunciar por acoso laboral al administrativo.
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La enfermera desvinculada mencionó que por estos hechos comenzó a sufrir crisis de ansiedad y de angustia, estando con ayuda psicológica.
Es por ello que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó que tiene una enfermedad profesional, pese a que la mutualidad no lo consideró previamente.
Ante ello, Katherine Salinas afirmó que está conversando con abogados y les envió los antecedentes de su caso, con el fin de iniciar acciones legales en contra de la administración comunal.
Municipio niega versión de enfermera
El alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, desmintió la versión de la enfermera y aseguró que su contrato expiró. Eso sí, cuestionó que las acusaciones se hicieran en período electoral.
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El jefe comunal recalcó que se inició un sumario que se mantiene en curso, descartando que su administración cometa actos de maltrato o acoso laboral en contra de los trabajadores.
Pese a eso, lo que sí es claro, es que la justicia condenó al municipio a pagar una indemnización de 30 millones de pesos a un funcionario que interpuso una demanda por acoso laboral, dictamen que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Valdivia y que se seguirá tramitando en la Corte Suprema.
En paralelo, un grupo de funcionarios de la Escuela Olegario Morales de Paillaco iniciaron acciones legales acusando maltrato laboral e irregularidades con sus sueldos y cuyo juicio iniciará el 22 de noviembre.