La Corte de Apelaciones de Santiago recibió un recurso de protección interpuesto por un exfiscal de Valdivia, acusando infracción de garantías constitucionales en el debido proceso al ser sancionado por la tramitación de una causa de homicidio.
La acción de protección constitucional presentada al tribunal de alzada capitalino fue interpuesta por el abogado Álvaro Pérez Astorga, quien hace cerca de un mes renunció al cargo de fiscal de Valdivia acusando maltrato y acoso laboral, involucrando en ello a la fiscal regional Tatiana Esquivel López.
En este caso, el ex persecutor pidió a la Corte dejar sin efecto la sanción que le impuso la Fiscalía del Ministerio Público de una multa consistente a la mitad de su remuneración mensual por un mes, luego que el fiscal nacional Ángel Valencia rechazar un recurso de apelación interpuesto ante la determinación de primera instancia, establecida por la fiscalía regional de Los Ríos.
Según el recurso, la sanción se impuso por supuestas infracciones administrativas cometidas por él en la tramitación de la causa penal por el homicidio de Magdiel Jara, hecho ocurrido en octubre de 2022, afirmando que en ambas resoluciones hace consideraciones y concluyen con la aplicación de la multa.
Las vulneraciones que acusa
Pérez argumenta en el recurso que en sus calificaciones funcionarias de octubre 2023 y enero 2024 se le señaló expresamente que estas habían sido reducidas por la falta de prolijidad en la investigación de homicidios, siendo que el único caso en que hubo errores fue en el mencionado y motivó una investigación administrativa con la señalada sanción.
También acusa una violación de obligación de imparcialidad en quien lo juzgó, quien además habría ordenado a los investigadores reiteradamente que intentaran obtener su historial de sanciones más allá de los cinco años permitidos por reglamento, denotando que se había formado la intención de perjudicarlo.
Asimismo, sostiene que hubo violación de su garantía constitucional del derecho a un procedimiento tramitado en tiempo razonable, argumentando que el reglamento de responsabilidad para fiscales establece que la investigación debe concluir en cinco días, puede ser reabierta por un plazo específico y luego debe resolverse. En su caso, señala, la indagación fue reabierta dos veces con un plazo excesivo, lesionando ademas su integridad síquica, procedimiento que en total se extendió por más de 7 meses.
En el libelo, el cual fundamenta jurídicamente, califica como graves las infracciones al debido proceso pidiendo a la Corte de Apelaciones de Santiago que deje sin efecto la sanción administrativa a la que le fue impuesta, quedando que este tribunal de alzada admita o no el recurso para luego tramitarlo y dar un fallo.
Enviando corrección, espere un momento...
