El Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos reconoció que no han enviado a la Contraloría, como si lo hicieron a la Fiscalía, los antecedentes de una auditoría externa hecha en la Asociación Patrimonial Cultural Regional, por posibles desórdenes administrativos y financieros.

La Asociación Patrimonial Cultural Regional es una corporación privada que funciona bajo el alero del Gobierno Regional, que acordó efectuar una auditoría externa luego de un control interno que daba cuenta en abril de algunas dificultades en procedimientos administrativos, según informó en su momento el mismo GORE.

Esta auditoría determinó algunos hallazgos de naturaleza financiera y de gestión, por lo que el directorio de la Asociación puso los antecedentes a disposición de la Fiscalía hace un poco más de un mes, para que investigue ante la eventualidad de haber delitos y dar con responsabilidades penales.

Del caso se refirió el gobernador protocolar, el consejero regional Matías Fernández, quien tras ser consultado indicó primero que desde su posición los actos administrativos del Gobierno Regional no están bajo su tutela, respondiendo como integrante del Consejo Regional que le corresponderá presidir la sesión de la próxima semana, afirmando que el tema será materia de discusión en la comisión de Régimen Interno del Consejo Regional, en un análisis en profundidad.

Además, Fernández dijo que en dicha sesión visualizarán las acciones por realizar, como por ejemplo enviar los antecedentes a la Contraloría.

Consultado sobre la labor de control que pudo haber tenido o no el Gobierno Regional en la Asociación Patrimonial Cultural Regional, precisó primero que hubo un proceso interno para revisar los montos ejecutados por el organismo en cuestión, y luego se realizó la mentada auditoría externa para la regulación interna en el estamento.

A su vez, afirmó que como consejeros regionales se encuentran con estas dos situaciones, además de cartas públicas de los sindicatos y la información que el mismo Ejecutivo les dio, esperando en la próxima reunión establecer el orden constitutivo de cada una de las falencias, porque -dijo- algunas son de carácter administrativo por las que deben hacerse cargo.

En ese sentido, dijo creer que como organismo regional han tenido un control relevante sobre las acciones que pasan en la Asociación, reconociendo que pueden haber cosas que escapan a la mirada de quienes integran el cuerpo colegiado, pero que ante sospechas el Ejecutivo llamó a una auditoría externa.

Lo que resta ahora es que el Gobierno Regional informe cuándo enviará estos resultados a la Contraloría, para que determine cuáles son las responsabilidades administrativas en el caso de haberlas.