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El exfiscal de Valdivia, Álvaro Pérez Astorga, ha denunciado acoso y maltrato laboral, acusando a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, y al jefe jurídico de la Fiscalía Regional, Eric Aguayo Sáez, de ejercer actos de acoso en su contra, incluyendo una asignación excesiva de causas y falta de capacitación. Se le pidieron múltiples informes sin respuesta, se le calificó negativamente sin fundamentos y se le asignaron numerosas tareas sin aviso previo ni acceso a recursos necesarios. Tras una serie de situaciones desfavorables, incluyendo sumarios y multas injustas, Pérez renunció al cargo y presentó una demanda por daños morales y remuneraciones pendientes. La Fiscalía Nacional no ha emitido comentarios, pero se espera una audiencia preparatoria para el 22 de noviembre.

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Acoso y maltrato laboral es lo que acusa el exfiscal de Valdivia, Álvaro Pérez Astorga, por distintos hechos comprendidos entre 2020 y 2024. Estos, fueron descritos en una demanda de tutela laboral por afectación de derechos fundamentales, presentada en el Juzgado de Letras del Trabajo de la capital regional.

Según la demanda, la actual fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, fue la primera persona que ejerció actos de acoso en su contra, con una excesiva asignación de causas que subieron de 200 a más de mil.

Además, debió indagar todas las relacionadas por delitos contra la salud pública en pandemia, y las de delitos violentos en el mismo período, designación de manera dirigida, sin explicación alguna y sin recibir capacitación.

También en el texto menciona al jefe jurídico de la Fiscalía Regional, Eric Aguayo Sáez, como el segundo en ejercer actos sistemáticos de acoso laboral en su contra, todas avaladas por Esquivel, cuestionando su trabajo.

Exceso de causas asignadas

Sólo al exfiscal -señala la demanda- se le pidió por correo el estado actual de todas sus causas por homicidio, por lo cual consultó si se le estaba fiscalizando por alguna razón, sin nunca recibir respuesta, así como otros requerimientos o consultas también sin contestar.

Incluso, en su calificación del año 2023 obtuvo un 6,2 con una anotación: “era poco prolijo para investigar estos delitos”, cuando -de acuerdo a lo expuesto- nunca tuvo capacitación y que los resultados de sus investigaciones decían lo contrario.

Además, cuando se le llamó para integrar la Unidad de Flagrancia con turnos de 24 horas -teniendo siete días para concluir todas sus causas- preguntó si aquel cambio sin mayor aviso era obligatorio.

Tatiana Esquivel le dijo que nadie iba a estar obligado al cambio, pidiéndole luego a Pérez que se retirara de la reunión cuando le dijo que no quería estar en dicha unidad.

Incluso, a los pocos días se le asignaron 600 causas de la especialidad de drogas, las que en un primer momento se las retiraron para supuestamente ser tramitadas por otra unidad, pero finalmente se les fueron devueltas, todo a siete días de sus vacaciones y sin tener acceso al sistema priorizado de causas hasta cuatro meses después, sostiene en la demanda.

Renuncia tras vacaciones

Tras volver de sus vacaciones y licencia, según el texto legal, la fiscal regional evitó todo contacto con él.

El expersecutor también reprochó en la demanda la instrucción de vestir de una determinada manera para la cuenta pública de la fiscal regional, o costear de su bolsillo viático y movilización para el aniversario de la Fiscalía hecho en Futrono, cuya cita era obligatoria.

Agrega que fue sumariado, siendo multado por un juicio absolutorio; y sin alcanzar la instancia de apelación, fue informado que sería sometido a otro sumario, lo que le generó una crisis, renunciando al cargo y decidiendo tomar acciones.

Fiscalía prefiere no hablar

Tras ser consultados, desde la Fiscalía Nacional indicaron que el fiscal nacional Ángel Valencia está fuera de Chile, mientras que la Fiscalía Regional de Los Ríos respondió que se reservan de emitir comentarios.

Esta última es demandada en más de 82 millones de pesos, por concepto de remuneraciones, y en 100 millones de pesos por daño moral.

La audiencia preparatoria está fijada para el 22 de noviembre, entre el demandante y el Consejo de Defensa del Estado.

En la demanda, Pérez afirma que fue vulnerado en sus derechos a la integridad psíquica y al de igualdad y no discriminación, mencionando otros episodios y afirmando que tiene la convicción de que sufrió persecución porque es autista, cuyo diagnóstico psiquiátrico es de 2022.