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El juicio laboral entre el Servicio Mejor Niñez y su exdirectora regional, Esmeralda Espinoza Castro, comenzó en el Tribunal Laboral de Valdivia por tutela laboral e indemnización, luego de que Espinoza fuera desvinculada por pérdida de confianza tras el arriendo de un ex cabaret como residencia para menores en Río Bueno. Espinoza alega que su despido fue forzado sin proceso disciplinario, causándole daño psicológico, mientras que el Servicio argumenta la importancia de la confianza en un alto cargo. La siguiente audiencia programada para el 30 de agosto revisará las pruebas presentadas, incluyendo una demanda de pago por vacaciones adeudadas, remuneraciones y daño moral, así como una exigencia de disculpas públicas y participación en un curso sobre derechos fundamentales.

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Comenzó el juicio laboral que enfrenta al Servicio Mejor Niñez con su exdirectora regional, Esmeralda Espinoza Castro, quien demandó al organismo tras ser desvinculada por pérdida de confianza. Esto, a raíz del arriendo de un ex cabaret que pretendía ser residencia para menores en Río Bueno.

En concreto, en el Tribunal Laboral de Valdivia comenzó el juicio por tutela laboral e indemnización tras la demanda presentada en febrero de 2024 por Espinoza Castro, quien fue removida de su cargo en diciembre de 2023.

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La demandante sostiene que su renuncia no fue voluntaria, sino que fue forzada en el marco de un despido en el que no se le permitió ejercer su derecho a defensa, ya que no se llevó a cabo un proceso disciplinario. Esta situación, según Espinoza, le causó un daño psicológico, afectando su honra y su ámbito laboral.

El despido se produjo, según la demanda, cuando la Fundación Creeser estaba en proceso de arrendar un inmueble en Río Bueno, que anteriormente había funcionado como cabaret, un hecho que fue alertado por el Poder Judicial el año pasado.

Por su parte, el Servicio Mejor Niñez argumentó que la desvinculación de Espinoza se debió a la pérdida de confianza, señalando que, como alto cargo dentro del Sistema de Alta Dirección Pública, la confianza es fundamental.

El abogado de la demandante, Jaime Gallardo, señaló que su representada fue prejuzgada por el servicio, que con su desvinculación intentó aplacar la presión social.

El próximo 30 de agosto se realizará una audiencia para analizar las observaciones a las pruebas presentadas, tanto documentales como periciales, tras lo cual el Tribunal emitirá un fallo que podría ser apelado.

En su demanda, la exdirectora exige el pago de:

– Más de 3,3 millones de pesos por 21 días de vacaciones adeudadas.
– 53 millones de pesos correspondientes a 11 remuneraciones.
– 40 millones de pesos por daño moral.

Además, solicita que el Servicio emita disculpas públicas y participe en un curso sobre derechos fundamentales dictado por la Inspección del Trabajo.