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El Consejo de Defensa del Estado solicitó antecedentes a la Corporación Municipal de Salud y Educación en Panguipulli, Región de Los Ríos, por presunta malversación de caudales públicos. La acción surge de una denuncia realizada por el alcalde Pedro Burgos ante la Contraloría y el Ministerio Público, en la que se acusa al ex alcalde Rodrigo Valdivia y a la Secretaria General Norka Lillo de actos irregulares durante el periodo administrativo 2017-2021. La investigación reveló un desorden económico que habría dejado sin rendir grandes sumas de dinero en las áreas de Salud, Educación y Junji, incluyendo $1.311 millones no acreditados en educación y diferencias en contabilidad y remuneraciones por $1.681 millones. En Salud, se detectaron contrataciones que excedían lo autorizado y pagos irregulares, entre otras irregularidades.

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Por presunta malversación de caudales públicos, el Consejo de Defensa del Estado solicitó antecedentes a la Corporación Municipal de Salud y Educación en Panguipulli, región de Los Ríos.

La acción se da tras una denuncia ante la Contraloría y el Ministerio Público, hecha por el alcalde de esa comuna Pedro Burgos, efectuada por por el delito mencionado.

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La denuncia, se enfoca en el periodo administrativo 2017-2021.

Lo anterior, apuntando a actos cometidos bajo la administración del ex alcalde Rodrigo Valdivia y Secretaria General Norka Lillo de la Corporación Municipal Área Salud y Educación de Panguipulli.

Según un comunicado enviado por el municipio, se indicó que todo “Surge por la solicitud del Concejo Municipal de Panguipulli para auditar los procesos internos y financieros de la Corporación”. Así mismo, la actual autoidad comunal, Pedor Burgos, mencionó que existió un “desorden economico” y “remuneraciones por sobre lo que correspondía”.

Esta investigación determinó un desorden económico al interior de la entidad, el que correspondería a dineros que no fueron rendidos en un período de 4 años y que corresponderían a las áreas de Salud, Educación y Junji, entre los años 2017 a 2021.

En materia de educación, no se habría acreditado $1.311 millones en la cartola bancaria en 2020, sumándose diferencias en los registros de contabilidad y remuneraciones por $1.681 millones, que no se rindieron a la Superintendencia de Educación.

En el área de Salud se detectó la existencia de contrataciones de dotación que excedían las autorizadas por el plan de salud; pagos de asignaciones artículo 45 Ley N°19.378 excediendo el monto autorizado; y, pagos en excesos de remuneraciones de cargo directivo de administración central entre otros.