El Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda fue puesto en duda por vecinos del proyecto Guacamayo 3 de Valdivia, luego que la iniciativa quedara sin empresa y con postergación en la entrega de subsidios, acusando falta de “sentido de urgencia” del Gobierno.

Molestia existe en los beneficiarios de esta iniciativa, ya que el año pasado y después de masivas manifestaciones, el Serviu se comprometió a que recibirían los primeros subsidios a fines de 2023 y comenzar obras este 2024. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido.

Lo más preocupante es que el tiempo pasa y hay personas que por más de una década esperan sus casas, dejando en total incertidumbre a quienes incluso, por serios problemas de salud, desconocen si tendrán o no su vivienda, como es el caso de Joselyn López.

La dirigenta Iris Lara afirmó que hay beneficiarios que murieron esperando, asegurando que el Gobierno habla mucho del Plan de Emergencia Habitacional, pero los comités de vivienda no ven esa iniciativa.

Otra dirigenta, Priscila Barrientos, lamentó que las mesas técnicas mensuales no sean resolutivas y, peor aún, que no estén todos los que deben hacerse presente.

Por ahora, el predio destinado a las casas está convertido en un basural sin que a la fecha se concrete un cierre perimetral para su resguardo, acusó Gloria.

Tras ser consultado, el seremi de Vivienda, Daniel Barrientos, reconoció que el proceso ha sido complejo por ser un terreno que debió ser factibilizado a través de la modificación del plan regulador, a lo que suma buscar su calificación para los subsidios habitacionales.

Además, a través de la Entidad Patrocinante en una Declaración de Impacto Ambiental, lograr la resolución de calificación ambiental del Servicio de Evaluación ambiental –SEA-, como requisito básico para el inicio de las obras, debiendo

buscar una empresa constructora.

El organismo informó que para los estudios arqueológicos y paleontológicos solicitados por Monumentos Nacionales en la Declaración de Impacto Ambiental, han invertido cerca de 300 millones de pesos.

Estos megaproyectos, dijo Barrientos, cuentan con plazos que dependerán de los diversos requerimientos que son efectuados por estos servicios, comprendiendo la molestia y que como entidad pública deben garantizar los debidos procesos, y gestionar la solución y respuesta que permita concretar la iniciativa.