Investigan posible malversación superior a los $2 mil millones en Corporación Municipal en Panguipulli

Una investigación desformalizada por la eventual malversación de caudales públicos realiza la Fiscalía al interior de la Corporación Municipal de Panguipulli, en la región de Los Ríos.

Lo anterior, luego que una indagación constatara que más de 2 mil millones de pesos no fueron rendidos en un período de 4 años.

En esta línea, una auditoría realizada por una empresa externa a la Corporación Municipal de Panguipulli arrojó como resultado diversas irregularidades que dieron inicio a una investigación conjunta entre el Ministerio Público y la PDI.

El informe analizó el gasto en las áreas de salud y educación entre los años 2017 y 2021.

En él se estableció que hubo una “grave inconsistencia” entre la información contable y bancaria, el control de ingreso y registros no se llevaban al día, un indebido control presupuestario por costos y financiamiento, entre otras observaciones.

Es por ello que el abogado asesor de la Corporación Municipal de Panguipulli, Álvaro Jaramillo, presentó una denuncia por malversación de caudales públicos contra quienes resulten responsables.

Más de $2 mil millones sin rendir en Corporación Municipal

Además, el jurista precisó que en el área de educación no se acreditaron en total $1.311 millones en la cartola bancaria al año 2020.

De igual manera, se detectaron diferencias en los registros de contabilidad y maestros de remuneraciones que se traduce en $1.681 millones que no se rindieron a la Superintendencia de Educación.

Pero eso no es todo, ya que la auditoría arrojó que se excedió la cantidad de contrataciones en la dotación del área de salud autorizadas por el Concejo Municipal.

Por lo mismo, se observó improcedencia en el pago de remuneraciones a una ex secretaria general que no ejerció funciones en esta área, recibiendo cerca de 160 millones de pesos.

Pese a no haber personas formalizadas, el Ministerio Público sigue adelante la investigación de este caso, que está siendo ejecutada por la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones.