Una amonestación, una multa o incluso la suspensión de funciones de hasta por cuatro meses, es lo que solicitan los propietarios del fundo La Galera, en Corral, en contra de la delegada presidencial Carla Peña, por incumplimiento de la sentencia que emitió hace más de un año la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde se obligaba a la autoridad a implementar un plan que procure la protección del predio que está ocupando por comuneros mapuche.
Es por ello que los afectados acudieron a través de un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valdivia para que revise su requerimiento.
El abogado Juan Cristóbal Grünwald Novoa explicó que la medida se adoptó por la responsabilidad que le cabe a la delegada de Los Ríos en el incumplimiento del control policial 24/7 ordenado por la Corte de Apelaciones. A su juicio, la autoridad de gobierno “no dispuso los medios” para que personal de Carabineros materializara la orden de resguardo. Situación que se mantuvo aun cuando luego se estipularon rondas periódicas al predio, acusó.
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En representación de las familias propietarias del fundo, Victoria Reyes, cuestionó la inacción de la autoridad.
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Medidas de protección interpuestas por la justicia
Entre otras cosas, la resolución emitida por la Corte hace más de un año obliga a la delegada presidencial de Los Ríos realizar coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, para “implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas que han visto amagados sus derechos” para evitar la toma ilegal del Fundo La Galera que un grupo mantiene usurpado desde fines de febrero de 2022.
Además, obliga a la delegada presidencial de Los Ríos “velar por el cumplimiento de los requerimientos del Ministerio Público, adoptando las medidas pertinentes para que Carabineros de Chile cumpla con las medidas de protección decretadas”. En definitiva, el cumplimiento de las medidas de protección decretadas por la Fiscalía Local de San José de la Mariquina en marzo de 2022, consistente en la presencia policial permanente en el predio.
Como lo anterior, a juicio de los recurrentes, no se ha cumplido, han solicitado al Tribunal que se dicte una medida de apremio contra la delegada Carla Peña, es decir, que sea amonestada, multada o incluso suspendida de sus funciones por hasta 4 meses, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir la autoridad.
Tras ser consultados por Radio Bío Bío, desde la Delegación Presidencial se limitaron a mencionar que una vez reciban la respectiva notificación por parte de la Corte, procederán a responder.