En entrevista exclusiva con Radio Bio Bio, el prorrector de la Universidad Austral de Chile, José Dörner, negó que la casa de estudios esté quebrada, asegurando que en realidad están pasando por una situación compleja debido a un flujo de caja acotado.

Dicho en palabras simples, no hay un balance entre los ingresos y los gastos o inversión.

A su juicio, lo anterior es consecuencia de malas decisiones acompañadas de factores externos, por ejemplo, la pandemia y el alza del IPC, además de la carga financiera por los créditos que la corporación solicitó con entidades bancarias.

En ese sentido, Dörner aseguró que hoy están con los sueldos y honorarios al día y también con los proveedores. Sin embargo, prevén que a futuro tendrán que negociar con estos últimos.

Al ser consultado sobre eventuales nuevos despidos de trabajadores, tanto docentes como administrativos, dijo que no lo podía descartar.

Es de conocimiento público que la universidad tiene edificios y campus hipotecados, pero al ser consultado por el porcentaje del patrimonio que está en esta condición, Dörner dijo que no manejaba la cifra.

Los trabajadores de la UACh todos los años, en temporada de verano, reciben un décimo tercer sueldo. Sin embargo, hacer efectivo el pago en enero del 2024 se ve poco probable, pero es un tema que deberán dialogar con los sindicatos porque existe un contrato colectivo vigente.

Asimismo, respecto a si la venta de bienes se ve como una alternativa para salir de la actual situación financiera, respondió que ayudaría a resolver el problema de caja, pero no apuntaría al fondo del asunto.

Además, hay que tener en cuenta los créditos que la Universidad Austral de Chile tiene actualmente con las entidades financieras, por lo que no es llegar y vender si el inmueble o terreno están hipotecados.

En este momento la Universidad Austral está siendo objeto de una investigación por parte de la Superintendencia de Educación Superior.

Por ello, hace pocos días recibieron la visita de una investigadora y un fiscalizador adjunto, quienes realizaron distintas consultas financieras, administrativas y académicas.

Finalmente, dichos antecedentes serán analizados y en los próximos 60 o 90 días debería emanar un informe que determinará si la casa de estudios será o no intervenida.