Corte mantiene en trámite recurso por la presunta contaminación de APR en sector La Aguada de Corral

La Corte de Apelaciones de Valdivia tramita un recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas y servicios públicos asociados, además de la empresa Urales, por la afectación y presunta contaminación en el agua potable del sector La Aguada en Corral, en la región de Los Ríos.

La acción la interpuso el Comité de Agua Potable Rural La Aguada y el concejal Fernando Villagran por la situación que mantuvo a unas 300 familias por más de 40 días sin agua potable en sus hogares, por los perjuicios en el APR y fuente de abastecimiento y captación, desde el 19 de mayo hasta el 1 de julio.

Acusan movimientos de tierra por parte de empresa Urales

En concreto, responsabilizan a la empresa Urales por realizar movimientos de tierra para hacer un camino que, junto a basuras de un antiguo vertedero -según afirman-, llegaron a la vertiente afectando la calidad del agua, como también el abastecimiento al tapar con barro el sistema.

Además, culpan al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Vialidad y a la Dirección General de Aguas de no fiscalizar ni efectuar las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental de vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, con acceso al agua potable.

En tanto, los acusados consideraron que no hubo arbitrariedad o ilegalidad en sus actos, creyendo que el recurso es improcedente y pidiendo que sea rechazado y que los recurrentes paguen las costas del proceso legal.

Esto porque en el caso de la empresa, se ampararon en el contrato con el mandante, que es la Dirección de Vialidad, la cual, por su parte, señaló que actuaron según la denuncia recibida, generándose reuniones y acciones de mitigación, a las que también hizo alusión la compañía en la respuesta dada a la Corte.

Para el concejal Villagran indicó que se necesita hacer un estudio para determinar el grado de contaminación y se establezca la realidad de lo ocurrido.

Un tema controversial es el del vertedero en cuestión. Según la Dirección de Vialidad, en el estudio de ingeniería de 2017 no se advirtió ningún indicio de algún basural antiguo, pero en enero de este año, en trabajos de movimiento de tierras, fueron hallados residuos sólidos domiciliarios en el predio donde se construye el camino, deteniéndose ahí las obras.

Además, a unos 200 metros se creó un terraplén de unos 4 a 8 metros de altura, en donde había un 15% de residuos, lugar por donde escurrió agua hacia la vertiente de captación del APR afectado. Sin embargo, aseguran que la afectación fue la turbiedad del agua y no contaminación con percolados.

DGA tilda el recurso de impreciso e improcedente

Por otro lado, la Dirección General de Aguas también consideró que el recurso de protección es impreciso e improcedente, descartando que como servicio hayan incurrido en arbitrariedad o ilegalidad, afirmaron que entre los días 2 y 7 de junio tomaron muestras en el estero Caupolicán, que abastece el APR original, confirmando que la calidad del agua estaba dentro de la norma. De esa forma, afirman que lo ocurrido el 19 de mayo fue un hecho puntual y excepcional.

Todos estos antecedentes y otros deberán ser discutidos entre la abogada que representa a los vecinos y los cuatro abogados que defenderán al MOP, a Vialidad, a la DGA y a la empresa, en los alegatos ante los ministros de la Corte, audiencia que aún no tiene fecha.