En prisión preventiva quedó un hombre de nacionalidad venezolana en Valdivia, región de Los Ríos, tras hacerse pasar por psicólogo y estafar a una mujer a quien mantenía medicada y bajo amenazas para obtener dinero.
Diariamente le cobraba 120 mil pesos, y además le enviaba emails de unos supuestos secuestradores que le exigían el pago de $25 millones, ya que de lo contrario matarían a su hija y madre.
El sujeto de 44 años fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Valdivia, tras ser detenido por la Policía de Investigaciones que comenzó a indagar una denuncia por una posible extorsión a una víctima.
La captura estuvo a cargo de detectives de la Brigada de Investigación Criminal, quienes determinaron que el imputado simuló tener el título de psicólogo para convertirse en el tutor clínico de la mujer, ingresando así al grupo familiar de la afectada.
Víctima le entregó $30 millones
Los hechos expuestos en la audiencia fueron expresados por el fiscal Pierre Neira, quien agregó que el imputado, además envío correos a la mujer haciéndose pasar por un grupo de secuestradores para exigir el pago de 25 millones de pesos, porque de lo contrario la familia de la mujer sería atacada.
“A fin de continuar con la estafa, haciéndose pasar por unos supuestos secuestradores, le envió unos correos electrónicos al email de la víctima, en el que exigían la paga de 25 millones de pesos”, indicó.
Agregó que “ya que de lo contrario matarían a la hija y madre de la víctima, señalándole que no debía denunciar los hechos a la policía, ella creyó en el engaño y por temor entregó esta suma de dinero al imputado“.
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El persecutor afirmó que la víctima entregó el millonario monto al acusado, para que este se los pasara a los “secuestradores”, resultando todo falso, siendo defraudada en un total de casi 30 millones de pesos.
El imputado, que está en Chile en situación irregular, fue formalizado por los delitos de estafa calificada y amenazas condicionales.
El Tribunal ordenó su prisión preventiva, por considerar que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de la víctima, fijando en 70 días el plazo de investigación.
En tanto, la PDI confirmó que indagan la existencia de posibles nuevas victimas en la región Metropolitana.