"Que el Presidente se ponga los pantalones": senadora Gatica exige Estado de Excepción en Los Ríos

Parlamentarios de la región de Los Ríos reforzaron sus críticas al gobierno tras el último ataque incendiario registrado en la zona e insistieron en que se decrete Estado de Excepción.

Tras el ataque desde se destruyeron dos maquinarias forestales y una camioneta al interior del fundo Cuyinhue, de propiedad de forestal AnChile, diputados y senadores emplazaron al ejecutivo a tomar medidas para evitar este tipo de hechos.

La senadora María José Gatica (RN) señalo que envió un oficio al presidente Gabriel Boric solicitando la aplicación del Estado de Excepción Constitucional para Los Ríos, asegurando que “estamos viviendo una situación crítica en materia de seguridad y de terrorismo”.

“Necesitamos que el presidente se ponga los pantalones y esté a la altura de lo que necesitamos como región”, indicó la parlamentaria de oposición.

El diputado Bernardo Berger compartió esa opinión y emplazó al gobierno a asumir responsabilidades en estos casos.

Flores no descarta endurecer todo con Gobierno

En tanto, el senador Iván Flores (DC), apuntó contra el Ministerio del Interior por la falta de prevención ante estos hechos de violencia, no descartando que ante la falta de medidas endurezca su postura frente al gobierno.

Menos enfático fue el gobernador regional Luis Cuvertino, quien si bien condenó lo sucedido, catalogó los ataques como esporádicos, reiterando que se opone al Estado de Excepción.

Los dichos de la autoridad no gustaron al diputado PS Marcos Ilabaca, señalando que en su rol “no es un mero adorno” y que la población espera liderazgo de la autoridad regional.

Cabe mencionar que este hecho, se da a tan solo dos días del ataque que sufrió carabineros que se encontraban cumpliendo una medida de protección en el fundo trafún en Panguipulli, sumando con este último cinco situaciones similares en dos semanas.

No es la primera vez que los parlamentarios de la zona emplazan al Ejecutivo a aplicar la medida que está vigente desde hace un año en dos provincias del Bío Bío y La Araucanía, sobre todo cuando los ataque se vuelven más recurrentes y violentos. Pese a lo anterior, siempre han recibido la negativa de la actual administración.