La Contraloría General de la República inició un sumario al interior de la Municipalidad de Paillaco, en la región de Los Ríos, por la adquisición de 40 camas clínicas a través de un convenio con la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
La investigación sumaria se realiza con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas en relación con la compra, debido a que el convenio entre el municipio y la Achifarp no se ajusta a la ley.
En concreto, se trata de la adquisición de 40 camas clínicas por un valor de más de 20 millones de pesos, ejecutada a través de un convenio con la asociación, efectuado en abril del año 2020.
Según el decreto alcaldicio N° 369, la justificación de la compra, realizada al inicio de la pandemia por COVID-19, respondería a la necesidad de contar con camas clínicas en caso de que el Hospital de Paillaco mantuviera ocupado el total de su capacidad por la emergencia sanitaria, requiriendo que se habiliten recintos municipales para la atención de pacientes.
La respuesta que el municipio de Paillaco entregó a Contraloría sostenía que se habría optado por el convenio con la Achifarp, debido a que el costo de las camas clínicas era un 50% menos que las ofrecidas por un convenio marco, lo que les permitía comprar el doble.
El alcalde Miguel Ángel Carrasco enfatizó en que esta adquisición fue hecha por la administración anterior, liderada por Ramona Reyes.
A su vez, manifestó que si bien el proceso formal de compras públicas puede ser engorroso, esta sería la vía correcta.
“No puedo presuponer una mala intención de la administración anterior, pero lo que sí es claro, es que a veces los alcaldes y alcaldesas suelen tomar atajos administrativos para llegar a solucionar rápido los problemas de las personas”, afirmó.
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Contraloría: convenio de Municipalidad de Paillaco con Achifarp fue ilegal
Según detalla el informe de Contraloría, este convenio se aparta de las materias y objetivos establecidos en los estatutos de Achifarp y la compra debió haberse realizado por convenio marco, a través de una licitación pública o privada, o por trato directo, si aplicaban las causales para ello.
La autoridad municipal añadió que lamenta el gasto de recursos administrativos y jurídicos que su administración debe destinar a este tipo de investigaciones, pero que colaborarán con Contraloría en todos los aspectos necesarios.