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La Corte de Apelaciones de Valdivia pidió informes a nueve organismos públicos y privados, por un recurso de protección que presentaron vecinos de un edificio tras una explosión vinculada a la presencia de gas. Debido a lo anterior, hace más de un mes que 23 familias no han podido volver a sus hogares.
Se trata de los habitantes del edificio Doña Isidora, del sector Isla Teja de Valdivia, quienes desde el 19 de abril no han podido volver al recinto tras una explosión en las cámaras de alcantarillado del lugar, en las que se detectó presencia de gas metano.
Sin embargo, debido a que se han registrado diversos llamados a Bomberos por posibles emanaciones de gases en los alrededores, una de ellas vinculada a la empresa Lipigas, se realizaron nuevas mediciones para determinar el origen y los tipos de gases presentes en el lugar.
En ese contexto, las familias que habitan en el edificio presentaron un recurso de protección en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI), la Gobernación provincial de Valdivia, la municipalidad de Valdivia, la empresa sanitaria de la comuna y tres compañías surtidoras de gas, a quienes la Corte de Apelaciones ya pidió informes sobre las gestiones que han hecho en torno al caso.
Los recurridos tienen plazo hasta la próxima semana para entregar estos informes al tribunal que los solicitó.
El presidente del comité de administración de los vecinos del edificio, Jaime Gallardo, detalló que “estamos a la espera de los informes que evacúe cada uno de los servicios para determinar la naturaleza de los gases que están presentes en el sector”.
Con respecto a las nuevas mediciones, que realizó una empresa externa, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aseguró que están a la espera del informe respectivos. De acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío, ya existe un informe preliminar, que podría ser difundido prontamente a la comunidad afectada.
