Mayor regulación en universidades privadas que reciben recursos del estado y revisión de sus procesos, proponen transversalmente parlamentarios de la región de Los Ríos y autoridades de la Universidad Austral de Chile, tras detectarse entre otras cosas, contrataciones directas a familiares, algunas millonarias, en la casa de estudios.

Revuelo causó el informe con los resultados de una auditoría externa ejecutada por la consultora Crowe a la Universidad Austral de Chile. En el informe se detectó una serie anomalías administrativas que decantaron en las renuncias del ahora ex rector, Óscar Galindo y el también ex presidente del directorio de la entidad, Carlos Montt.

Entre ellos está la contratación de la empresa “BH Inversiones SpA” -de propiedad del ex cuñado de Montt, Andrés Hortal- que prestó asesoría financiera en el Plan de Inversiones de la entidad académica. Tras esto, recibió un pago de 671 millones de pesos, contratación que debió realizar por concurso público, y no por invitación privada como sí ocurrió.

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También se advirtió la contratación directa de la hermana y la prima de Zita Muñoz, quien es funcionaria de la UACh y esposa de Galindo.

En este caso se señala que Gloria Moll prima de Muñoz, prestó servicios de traslado del equipo que administra el programa Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, entre el 6 de abril de 2019 y el 8 de junio de 2020, ganando más de 16 millones de pesos.

Reacciones

Para el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, Claudio Flores, quien fue uno de los que pidió un proceso de remoción a Galindo, señaló que se deben revisar los procesos para que se cumpla la normativa interna.

En tanto para el diputado DC por Los Ríos y ex presidente de la Cámara, Iván Flores, el directorio de la UACh debe asumir que la entidad no es una empresa de ellos.

“En este punto de inflexión, la universidad tiene que mejora su sistema de controles internos, además de una modificación de estatutos”, indicó.

El diputado por la zona, pro Chile Vamos, Bernardo Berger, dijo que a raíz de estos hechos parece razonable traspasar algunas normativas especiales, como la Ley de Probidad, a este tipo de universidades.

“Parece razonable pensar en traspasar algunas normativas espaciales que hoy operan en el sector público, como la Ley de Probidad, para evitar la contratación de parientes”, aseveró.

En esa línea, el diputado independiente por la zona, Patricio Rosas, señaló que la contraloría debe actuar en este caso y el Ministerio de Educación presentar alguna propuesta para lograr una mayor transparencia en estos planteles educacionales.

“Las modificaciones legales las tiene que patrocinar el Ministerio de Educación, por lo que nosotros trabajaremos en brindar programas con mayor transparencia”, dijo el diputado.

La radio, se comunicó con las decanatura de Ciencias y de Ingeniería de la UACh, quienes también habían pedido la remoción del ex rector Galindo, excusándose de referirse al tema.

La última, debido a una acción legal presentada por Zita Muñoz y también por el vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, César Pino, quien también aparece cuestionado en la auditoría.