A casi una semana que el ministro Paris anunciara la licitación para tres nuevos hospitales en Los Ríos, entre ellos el que se emplazará en la comuna de Los Lagos, la radio accedió a un informe de Contraloría, sobre la compra del terreno para dicho recinto.
Según el ente contralor, el 26 de junio del 2018 la empresa Sociedad Inmobiliaria e Inversiones BJP SpA, representada por Héctor Meza Hermosilla, compró 5 hectáreas de la calle Dos Oriente de la comuna, a un valor de 56 millones de pesos por cada una.
Luego, en septiembre de ese año, el municipio firmó la promesa de compraventa, con esa entidad privada, por la adquisición de 3 hectáreas a un valor de 120 millones de pesos por cada una.
Se pagó un total de 360 millones de pesos, lo que da cuenta de un desembolso de 192 millones más de lo que pagó el anterior dueños, tres meses antes, lo que no se hizo por licitación pública.
Antecedentes e involucrados
Según el texto, se verificó que Katherine Meza, profesional contratada a honorarios en la SECPLAN y que se desempeñó como contraparte técnica del municipio, es hija del ex dueño del terreno, lo que no fue puesto en conocimiento de su jefatura.
También se constató que la tasadora del predio, Yasna Riadi, contratada directamente y a honorarios para ese efecto y no por licitación pública como se debía, no informó que mantenía una relación de amistad con el mismo ex propietario del lugar, lo que de acuerdo al ente contralor transgrede el principio de probidad.
El tema fue expuesto por ediles de esa comuna en la última sesión del Concejo Municipal de Los Lagos, instancia en la que el alcalde Samuel Torres, le bajó el perfil a dicho informe, señalando que no se ha robado un peso, ni ha recibido coimas.
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En tanto, el informe de Contraloría agrega que el cierre del análisis de terrenos para el futuro hospital, culminó levantando un acta con el resultado final.
Se determinó los 3 terrenos con las mejores condiciones y características para la ubicación, alternativas que no habrían sido consideradas en el proceso de compra.
Estos y otros hechos constatados sobre la adquisición del espacio, serán parte de un proceso disciplinario que iniciará la Contraloría, que también remitirá antecedentes a la Fiscalía, ante eventuales delitos en el proceso.