A casi un año que iniciara el denominado estallido social en el país, la directora regional subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Los Ríos, Constanza de la Fuente, se refirió a lo que califica como estancamiento de las causas de derechos humanos en la zona.

Esto respecto de las 160 querellas y 50 denuncias que presentaron por eventuales violaciones a los derechos humanos en el estallido social en la zona, por las cuales no hay formalizados.

La también abogada regional del organismo señaló que esto, por un lado, responde a las dificultades que presenta la pandemia para realizar diligencias, pero viéndolo a nivel global, indica que también se debe a una falta de presupuesto y prioridad para estas causas.

A ello se suma la falta de una brigada de la PDI especializada en derechos humanos en la zona y el que la fiscal a cargo de indagar las querellas no sea exclusiva para estas causas, indicó De la Fuente.

En esa línea, agregó que es importante avanzar con estas investigaciones, para evitar la incerteza tanto en las víctimas como en los agentes del Estado acusados y que siguen en entredicho, agregando que la resolución de estas causas generan paz social.

Desde el Ministerio Público en la zona indicaron que, desde octubre de 2019, la fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel, está a cargo de indagar estos hechos, junto a una abogada asesora, una funcionaria de la Policía de Investigaciones y un funcionario de informática a honorarios, quien trabajó hasta mediados de este año.

Además reconocen que la pandemia ha complejizado el trabajo, pero que igualmente continúan avanzando con las indagaciones, agregando que también dispusieron de una sala especial para que el INDH revise las investigaciones, teniendo una coordinación constante con el organismo.