En evaluación se mantiene un menor de 8 años del sector El Bosque en la región de Los Ríos, quien hace algún tiempo recibió un trasplante renal y fue vacunado en su establecimiento escolar, pese a que – aseguran – existían limitaciones expresas de no realizar dicho procedimiento. A raíz de esto, autoridades investigan los antecedentes del caso.

Al ingresar hace un año a la Escuela El Bosque, su madre Carla Carcamo – quien además es su donadora de órgano- aseguró haber certificado e informado ante la dirección y diversas instancias del establecimiento su condición y sobre todo las limitaciones que tiene, como la imposibilidad de recibir vacunas de cualquier tipo.

Sin embargo, según cuenta, el pasado 4 de agosto se informó verbalmente de la aplicación de vacunas las que debían ser autorizadas por los padres, pero para su sorpresa, se enteró que la inoculación se efectuó sin considerar la condición del menor, ni su aprobación como madre.

El caso despertó la preocupación de la comunidad escolar, por lo que el Centro de Padres exigió que se investigue y aclare lo ocurrido, así como la aplicación de catastros que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir.

El concejal Leandro Kunstmann, en su rol como presidente de la Comisión de Educación, aseguró que los antecedentes ya están en manos del DAEM y también del alcalde, quien dispusieron la aplicación de un sumario con el fin de clarificar los hechos.

También agregó que sí se tenía conocimiento de la condición médica del menor, y que la investigación interna duraría por lo menos un mes, dependiendo lo que determine el fiscal a cargo.

La seremi de Salud en Los Ríos, Maria Angelica Hildebrandt, aseguró que se aplicaron los protocolos respectivos, asegurando que el menor se mantiene en observación, sin registrar mayores complicaciones hasta el momento.

Pese a esto, y ante el temor de posibles afectaciones al niño y su eventual perdida del órgano, los padres determinaron presentar una acción judicial por lesiones graves, así como medidas de protección, tal como expresó María Fernanda Catalán, abogada de los padres.

Esto según su consideración de que se pasaron por alto los protocolos del Ministerio de Salud, respecto al hecho de que se debe avisar con antelación a los padres y se debe tener el historial médico de los estudiantes.

Por ahora, la familia y la comunidad escolar aseguran que se mantienen a la espera de los resultados de la investigación, exigiendo que se clarifique los protocolos aplicados, mientras el pequeño debe mantener el monitoreo de su salud por al menos por 21 días.