Una querella por usurpación de nombre, falsificación y uso malicioso de instrumento privado y obtención fraudulenta de prestaciones estatales, presentó la exdirectora de un establecimiento particular subvencionado de Osorno.
Se trata de la docente de profesión, Carolina Ruth Rivas, quien llegó desde Temuco y encontró un puesto laboral como directora del Colegio Gilgal de Osorno, ubicado en Ovejería.
La profesional afirma que como parte de sus responsabilidades, se le creo un usuario y clave en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) que utilizó hasta noviembre de 2022, cuando dejó el cargo.
Sin embargo, acusa que su nombre figura varios meses después respaldando documentos de gestión del establecimiento, incluyendo finiquitos y trámites administrativos, además de la solicitud de subvenciones de manera fraudulenta.
Richard Caifal es el abogado de la docente, quien apunta a las irregularidades denunciadas en la querella.
“Alguien utilizó la plataforma SIGE y para todo el resto del profesorado, mi representada seguía como directora del colegio”, detalló.
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El jurista asegura que en la causa aparecen acciones que se deben investigar
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El caso llevó a Carolina Ruth a formalizar una denuncia, pero se encontró con un insólito escenario: no aparecía en los registros del Ministerio de Educación
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Ante ese dato, los antecedentes llegaron a la Dirección Provincial de Educación de Osorno, donde su titular Giovanni Aravena, asegura la recepción de la denuncia y el apoyo a la docente
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La profesora acusa lo contrario, y consultas de Radio Bio Bio a la Superintendencia de Educación dan cuenta que no existe una denuncia del caso.
Julio Barria es el abogado de las querelladas en la causa, y argumenta que no hay fraude porque no hay claves creadas a nombre de la denunciante
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La profesora querellante pide investigar el caso en profundidad, argumentando trabas encontradas desde la institucionalidad. Sostiene que mediante la prolijidad de las diligencias se podría llegar a una serie de irregularidades, especialmente a la hora de fiscalizar el sistema de educación particular subvencionada que rige en la unidad.