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El equipo jurídico del consejero regional de Osorno, Alexis Casanova, ha presentado una nueva querella relacionada con la arista de la Fundación Kimün en el marco del Caso Convenios en la región de Los Lagos, acusando falta de avances por parte de la Fiscalía. La querella, presentada por el abogado Marcelo Brunet en representación de Casanova, incluye los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.
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Acusando falta de avances por parte de la Fiscalía en torno a la arista de la Fundación Kimün, en el marco del Caso Convenios en la región de los Lagos, el equipo jurídico del consejero regional de Osorno, Alexis Casanova, presentó una nueva querella referida a este caso.
La querella, por los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, fue presentada por parte del abogado Marcelo Brunet, en representación de Casanova.
Lo anterior, por la venta del Instituto Profesional Los Lagos, propiedad de la Universidad de Los Lagos a la mencionada fundación, a un precio muy por debajo del real, según explicó el abogado.
La querella, que fue admitida a trámite este miércoles 16 de octubre por el Juzgado de Garantía de Osorno, va dirigida contra quienes resulten responsables de hechos que se encuentra enmarcados dentro del denominado Caso Fundaciones.
La acción judicial, entre otras medidas, solicita que se cite a declarar al rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, al vicerrector académico, Roberto Jaramillo, y a Jaime Huincahue Melipil de la Fundación Kimün.
En tanto, la universidad emitió un comunicado refiriéndose al tema, señalando que “los hechos que se describen en la acción interpuesta no son efectivos, y son objeto de investigación por parte de los organismos competentes, ante los cuales la universidad ha prestado su total colaboración”.
Además, precisaron en la misiva que “lamentan el daño que estas acciones y declaraciones pudieran causar a la imagen y prestigio de la institución”, asegurando que defenderán el prestigio de la casa de estudios, evaluando acciones judiciales por los daños a la imagen institucional.
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