Luego de que el Gobierno presentará una querella criminal por una amenaza con arma debido a un conflicto sobre un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, ocurrido en febrero en el sector Calle de Ancud en Chiloé, región de Los Lagos, la comunidad ancestral involucrada y que administra esta área, entregó su versión del hecho, acusando persecución política por parte de autoridades.

La semana pasada, el delegado Presidencial de Chiloé, Marcelo Malagueño, detalló que la acción judicial fue interpuesta en contra de tres personas que habrían amenazado con un arma a dos jóvenes ligados a la pesca artesanal.

A raíz de esto, la presidenta de la comunidad indígena Buta Lauquen Mapu, Iberia Terumán, aclaró que se trata de un turista que les arrendaba unas cabañas en dicha localidad.

En ese sentido, señaló que este fue hostigado por un grupo de jóvenes, siendo atacado en un camino público, por lo cual se defendió mostrando un arma a fogueo.

Además, indicó que luego de cinco meses aparece una querella donde, además de involucrar al visitante, incorpora a dos mujeres dirigentes que forman parte de la directiva que administra la ECMPO Calle, las cuales son arrendatarias del inmueble.

En tal sentido, Terumán acusó una persecución política por parte de funcionarios del Gobierno, la que buscaría relacionarlas en una rencilla de verano y con ello justificar cambios en la Ley Lafkenche.

Asimismo, la dirigente culminó manifestó que esto se suma a que hace más de un año, tanto autoridades de Subpesca como del Plan Buen Vivir de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, realizaron reuniones con la directiva y la comunidad indígena en donde les habrían insistido que debían renunciar a su Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios.

Finalmente, aseguró que llegarán hasta las últimas instancias para poder limpiar su imagen.