El Tribunal de Apelación de París declaró inadmisible la demanda presentada por varias ONG contra la multinacional francesa Suez, ante la denominada “crisis del agua” que vivió la ciudad de Osorno en junio del 2019, debido a una contaminación del sistema de agua potable gestionada por su filial Essal.
La medida generó reacciones en quienes pedían sanciones más allá de los descuentos en las boletas con los que se busco resarcir los daños.
En un dictamen comunicado en las últimas horas, los jueces consideraron que la denuncia no fue contra la entidad realmente responsable de preparar el llamado plan de vigilancia, obligación establecida mediante una inédita ley francesa de 2017 para que las multinacionales contemplen los riesgos de violación de derechos humanos o medioambientales.
En este caso, la demanda debió dirigirse contra Suez SA, la casa matriz, y no contra Suez SAS, entidad que engloba las filiales en el exterior, y a la cual apuntaron organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano, la Liga de Derechos Humanos y la Red Ambiental de Osorno.
Organizaciones disconformes con resolución
Desde esa última agrupación, su presidente Ricardo Becerra, dijo que no sorprende la resolución, apuntando a presuntas presiones a nivel económico para cerrar el caso.
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Otras agrupación presente desde el primer momento de la contingencia, fue la Asociación de consumidores de Osorno. Su presidente Luis Alvarez, dijo que el fallo demuestra cómo consorcios internacional salen airosos de sus “nefastas” actuaciones.
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Para las organizaciones locales, lo resuelto en París sepulta cualquier intención de justicia a propósito de la grave situación vivida por casi una semana a partir de la mañana del 11 de julio del 2019, cuando toda una ciudad se enteraba que la única fuente de distribución del agua potable cerraba las llaves por contaminación por petróleo dejando al desnudo deplorables condiciones de operaciones.