La Contraloría determinó una serie de irregularidades del manejo y control de la Seremi de Medio Ambiente, respecto de los recursos entregados del Fondo para Reciclaje en la región de Los Lagos.

Además de no poder acreditar las actividades contempladas, se cuestiona la oportuna presentación de informes y de rendición de gastos, así como maquinaria guardada durante años en las bodegas de tres municipios de Chiloé.

Son múltiples las irregularidades detectadas por la Contraloría respecto de los recursos entregados entre 2019 y 2022 por la Seremi de Medio Ambiente de Los Lagos, en el marco del denominado Fondo de Reciclaje para municipios del Archipiélago de Chiloé.

Maquinarias sin uso y guardadas

Así, por ejemplo, las maquinarias adquiridas desde 2019 por las municipalidades de Quinchao, Castro y Quellón, en el marco de este fondo, no están siendo utilizadas y se encontraban guardadas en bodegas u otros recintos municipales. Esta situación se mantenía de la misma forma en las fiscalizaciones realizadas en terreno por la Contraloría en enero de 2024.

Esto transgrede los principios de eficiencia, eficacia y control, por lo que el ente fiscalizador exige a las tres administraciones cuestionadas, que informen y acrediten la ubicación final y puesta en marcha de las respectivas maquinas compactadores, en el plazo de 60 días hábiles desde la recepción informe.

Sin acreditar actividades

Pero además se estableció que la Seremi del Medio Ambiente de Los Lagos no cuenta con los medios para acreditar la realización de las actividades contempladas en los proyectos adjudicados a las municipalidades de Ancud, Quinchao, Quellón, Quemchi, Dalcahue y Castro.

Tampoco se realizaron las gestiones de manera sistemática para obtener de los municipios los informes técnicos mensuales y la rendición de gastos en el desarrollo de las actividades comprometidas dentro de los plazos definidos y según los convenios suscritos.

Al respecto, Contraloría dio un plazo de 15 días hábiles a la Seremi en cuestión para instruir un procedimiento disciplinario que permita determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Revisa el informe emanado por Contraloría: