En el Juzgado de Garantía de Puerto Montt se desarrolló la audiencia de revisión de cautelares que rigen en contra de Diego Ancalao, donde su defensa buscaba -sin éxito- revocar la prisión preventiva.

Esto en el marco de la investigación del caso fundaciones en la región de Los Lagos, donde Ancalao está en calidad de imputado por los delitos de fraude, estafa y lavado de activos.

Tras este nuevo revés de la defensa, que ha solicitado en más de una oportunidad la revisión de la cautelar, el fiscal Marco Muñoz destacó que luego de oír las alegaciones de los querellantes y de la Fiscalía, el Juzgado resolviera mantener la prisión preventiva, ya que entiende que “la libertad del imputado constituía un peligro para la sociedad y en atención a los delitos, el carácter de los mismos, los montos que fueron objeto de defraudación, el lavado de activos”.

El persecutor añadió que también se ponderó el peligro concreto de fuga.

Desde el 5 de agosto lleva detenido el otrora candidato presidencial de la Lista del Pueblo en el penal Alto Bonito de Puerto Montt, manteniéndose ahora esta condición por el tiempo restante de los 120 días que se dieron de plazo para la investigación del Ministerio Público, causa que se ha mantenido con carácter reservado.

Recordemos que Ancalao, en su calidad de director de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), participó en la compra “a bajo precio” de instituciones educacionales administradas por la Corporación Kimün, entidad que recibió $1.200 millones del Gobierno Regional de Los Lagos, en un convenio que unilateralmente el GORE decidió terminar.

En paralelo a la causa judicial, el Ministerio de Educación comenzó el proceso para formalizar el cierre del Instituto Profesional (IP) Los Lago: “Una vez que el decreto esté totalmente tramitado, la Subsecretaría de Educación Superior enviará un oficio al Consejo Nacional de Educación solicitando su acuerdo sobre la propuesta de administrador de cierre, enviando los antecedentes de un o una profesional que cumpla con los requisitos estipulados en la Ley N°20.800”, informaron a través de un comunicado.