La directora del DAEM, María Luisa Rivera acusó a su jefatura de pasividad, puesto que, denunció ante la Contraloría que existen irregularidades e inconsistencias dentro de su unidad en Puerto Montt, región de Los Lagos.
Debido a esto, Rivera solicitó una auditoría financiera a la Dirección de Administración Educacional para determinar responsabilidades de funcionarios y jefaturas anteriores.
Sin embargo, la causa investigativa continúa retrasada, ya que la directora asegura que no existe una respuesta ante la solicitud efectuada por el procedimiento disciplinar por las presuntas incompatibilidades con los servicios del jefe de finanzas y su desempeño en el DAEM.
Recordemos que el 19 de octubre ingresó un escrito al ente fiscalizador en que se acusaba la falta de probidad del jefe de la Dirección de Administración y Finanzas, Roberto Oyarzo.
Además, la jefa del DAEM indicó que se le había cuestionado el monto de $17 mil millones que presentó como déficit solicitado como un “aporte municipal contundente”, que está pensado para el pago de sueldos y mantenimiento de colegios, previsto para 2024.
Cabe destacar que, la directora mencionó que desde que asumió el cargo, ya existían actos administrativos que no contaban con ningún respaldo confiable. Además, agregó que el personal no aportaba con “información fidedigna” y con irregularidades que se presentaron a la jefatura municipal.
Sumarios en curso
Según fuentes de Radio Bío Bío, esto habría repercutido en el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, en una acción con que la propia María Luisa Rivera estaría intentando resguardarse, solicitando una auditoría financiera a la Dirección de Administración Educacional para determinar responsabilidades de funcionarios y jefaturas anteriores.
Aún así, desde la Dirección Jurídica de Puerto Montt se limitaron a enviar algún comunicado en donde exponen que respecto a los encargados de finanzas denunciados, pero comentaron que “hay sumarios en curso, con carácter de reservados”.
Por otra parte, apuntaron que existe un proceso de regularización de expedientes incompletos que no cuentan con respaldos en los actos administrativos. Sin embargo, insistieron que “cada pago cursado cuenta con los vistos buenos y las revisiones de diversas unidades competentes”.
“Además de las certificaciones de las jefaturas de unidad que acreditan la prestación del servicio o de la entrega de productos, cuando se trata de adquisiciones”, señalaron desde la dirección.
Finalmente, los abogados del municipio comentaron que sería útil entregar mayor tranquilidad a la población con la respectiva acusación.