Un llamado a respetar las garantías constitucionales de los trabajadores pidieron de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Los Lagos en el marco de la investigación que lidera el Ministerio Público en el denominado Caso Fundaciones.

Los representantes de los trabajadores se instalaron esta jornada en el frontis del Centro Administrativo Regional para leer una declaración pública, donde manifiestan su preocupación por la forma en que se han llevado a cabo las diligencias de la policía.

En concreto se refieren a las dos incautaciones desarrolladas por la Policía de Investigaciones por instrucción de la Fiscalía en las dependencias del GORE.

Acusan “degradación pública”

El presidente de la Asociación de Funcionarios, Jorge Loncón, leyó un escrito que decía lo siguiente: “Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a actos que a nuestro juicio atentan claramente con el ejercicio laboral y derecho a la privacidad de cada uno de los funcionarios pertenecientes a este Gobierno Regional”.

“Exigimos de la autoridad competente, Fiscalía y Policía de Investigaciones, respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores y funcionarios de este organismo”, añadió.

Acompañado del resto de la directiva de la Asociación, Loncón acusó al Gobierno Regional de no protegerlos, provocando una “degradación pública” de los funcionarios. Además, aseveró que los trabajadores cumplen instrucciones de jefaturas y llamó a no generalizar ante irregularidades detectadas.

Anuncian acciones legales

Por su parte, el abogado que los representa, Óscar Montecinos, anunció querellas y acciones administrativas por las investigaciones que se han abierto en el denominado caso Convenios o Fundaciones.

Aseveraron que han puesto a disposición de las autoridades toda la información que les han requerido, a fin de que se investigue y sancione a quienes resulten involucrados en delitos o faltas administrativas.

De hecho, junto con otras organizaciones, aseguraron que pondrán todo su esfuerzo en la clarificación de los hechos, pero también denunciando las vulneraciones a la integridad emocional y sicológica de quienes han sido -dicen- agredidos por la acción de la Fiscalía y la PDI.