Se declaró admisible la ampliación de querella por fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, entre otros delitos, presentada por el senador Fidel Espinoza contra el exministro Giorgio Jackson y la actual Jefe de Presupuestos, Javiera Martínez, en el contexto del caso Fundaciones.
La querella sostiene que “la “relajación” de los criterios de asignación de recursos fiscales, sumado a la eliminación de control de los gastos públicos, han tenido como objetivos el defraudar y desviar recursos fiscales, buscando beneficiarse de manera indebida, injustificada e ilícita.”
Esto luego que se cambiaran los requisitos respecto a la antigüedad de dos años para que las fundaciones se adjudicaran fondos públicos y la transferencia total de recursos en una primera instancia.
Además, apunta a que el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cuando era liderado por Giorgio Jackson, debilitó el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que se encarga de fiscalizar la asignación de recursos por reparticiones estatales.
El abogado querellante, que representa al senador socialista Fidel Espinoza, Sergio Coronado, explicó a través de una analogía la finalidad de esta ampliación de querella: “Si en un banco se lleva a detectar en un día que falta una cantidad de recursos de la bóveda, que fueron sustraídas y en el contexto de esta investigación se logró determinar que el gerente del banco, días antes de la sustracción, ordena que todos los guardias se retiren y ordena que las cámaras no funcionen. ¿Qué pensaría respecto a ese gerente?”.
Asimismo indicó que el objetivo del senador es que se “aclare todo lo que ocurrió y que llegue a los responsables materiales e intelectuales”.
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Piden alzar secreto bancario
Entre las diligencias solicitadas se encuentra la revisión e incautación de documentos de ambos acusados, pero además, de la subsecretaria de SEGPRES, Macarena Lobos; la subsecretaria de Relaciones Económicas Exteriores, exsubsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza; la auditora de gobierno Daniela Caldana.
Sumado a esta y otras indagaciones, se requirió alzar el secreto bancario y el levantamiento patrimonial de Jackson, Martínez, Lobos, Sanhueza y Caldana.