La Corporación Kimún es una de las tres instituciones que investiga el Ministerio Público por eventual fraude al fisco y ha sido una de las más cuestionadas respecto del uso de los 1.200 millones de pesos que le traspasó el Gobierno Regional de Los Lagos, en un convenio que unilateralmente el GORE decidió terminar.

Así, entre las indagatorias la Fiscalía, la Contraloría y el propio Gobierno Regional, Radio Bío Bío tuvo conocimiento sobre un movimiento en el tablero que realizó la Corporación Kimún con un viejo conocido: Diego Ancalao. A quien traspasó el control de dos instituciones educacionales: el Instituto Profesional y el Centro de Formación Los Lagos.

En una historia de larga data que revisamos a continuación.

Kimún entra en el radar

Ya había estallado el escándalo de Democracia Viva en el norte del país y el 23 de junio de este año, el parlamentario por Los Lagos, Fidel Espinoza, presidiendo la Comisión de Vivienda en el Senado, emplazó al ministro Montes y con la misma fuerza cuestionó la entrega de recursos desde el Gobierno Regional a la Corporación Kimún, entidad privada de La Araucanía, que estaba ejecutando un proyecto a 24 meses de saneamiento de la tenencia de propiedad de pequeños y medianos agricultores de la región de Los Lagos.

Esto implicó que Diego Ancalao, quien fuera candidato presidencial por la Lista del Pueblo, pero cuya candidatura fue bajada por el Servel al descubrirse que presentó firmas falsas avaladas por un notario que había muerto, negara haber recibido dinero y anunció acciones legales que nunca presentó contra el senador socialista.

Pero pasaron algunas horas para que se develara la entrega de 1.200 millones de pesos a la institución en que Ancalao era coordinador de proyectos, cargo que dejó cuando la Fiscalía anunció la apertura de una investigación de oficio contra tres fundaciones, una de ellas, Kimún.

Así entró al radar esta institución, presidida por Jaime Huincahue, y se conoció también el “mecanismo” del Gobierno Regional para presentar lo que el propio Gobernador gustaba de calificar como “una ejecución de presupuesto ejemplar”.

El mecanismo

El mecanismo de ejecución del presupuesto 2022, que implicó la búsqueda de fundaciones, comenzó a trabajarse hace más o menos un año, cuando en el Gobierno Regional identificaron platas que no alcanzarían a gastarse, especialmente como consecuencia de la paralización de obras en Los Lagos.

Es ahí que se ideó la modalidad y “solución”: el financiamiento de lo que en el GORE llaman “más que fierro y cemento”, obras que buscaran un impacto social en la comunidad, y para lo que se definió un conjunto de prioridades y con ello la identificación de instituciones, algunas que llegaron solas, dicen, otras que fueron invitadas directamente o a través de recomendaciones.

La idea era adjudicar recursos y de hecho hay que considerar que a Kimún y a Participa, por ejemplo, se le transfirieron de una vez los 1.200 millones de pesos, todo con el objetivo de adjudicar los presupuestos, no devolver recursos y no afectar los montos del 2023.

Fue entonces, con las mismas instituciones privadas escogidas con quienes se acordaron los términos de referencia, todo esto aprobado por el Consejo Regional y hasta con lanzamientos públicos para dar a conocer a los nuevos ejecutores.

Chinquihue, Kimún, Participa

Los casos de fundaciones seguían apareciendo, y no tardó el Ministerio Público en abrir de oficio una investigación desformalizada por la entrega de platas, derivadas del “mecanismo de ejecución presupuestaria” de tres entidades privadas: las fundaciones Chinquihue y Participa, además de la Corporación Kimún.

Hitos importantes en esta indagatoria son la entrega de 69 cajas con información que el Gobernador Vallespín llevó a la oficina del Fiscal Marco Muñoz (y que no le recibieron) y la orden de registro e incautación de computadores y celulares en el Centro Administrativo Regional de Los Lagos (y otros 12 inmuebles, entre ellos los de Kimún en La Araucanía y Osorno).

A nivel administrativo, aparecen las objeciones de Contraloría a 22 convenios suscritos por el Gobierno Regional de Los Lagos (de 29 cuestionados) y el quiebre definitivo entre el GORE y Kimún.

Incumplimientos, desprolijidades y acusaciones cruzadas

Aludiendo a una serie de incumplimientos y al atraso en los porcentajes de avance, el Gobierno Regional de Los Lagos terminó anticipadamente el convenio por saneamiento de terrenos en la zona con la Corporación Kimún.

Las cordiales invitaciones de la propia División de Fomento del GORE para desarrollar el proyecto en Los Lagos, ya eran parte del pasado y en una durísima declaración, acusó a la Corporación de Huincahue de una “sistemática serie de incumplimientos a cláusulas fundadas en el convenio de transferencia de recursos que evidencian la inviabilidad de continuar ejecutando esta iniciativa”.

Se trata de rendiciones que no se han entregado en ni en tiempo ni en forma.

El levantamiento en terreno del GORE es aún más lapidario: a 6 meses de iniciado el trabajo no existe evidencia de las actas de salidas a terreno firmados por los posibles beneficiarios, errores y trabajo desprolijo con otras entidades y no se ha realizado ningún taller con los municipios.

En total, un avance insuficiente del 15% para un programa de 2 años de duración.

Fue tras esto, específicamente el 18 de julio, que el presidente de Kimún, Jaime Huincahue, conversó con La Radio y denunció que los incumplimientos eran del Gobernador y su equipo, anunciando apelación y querella.

De esa conversación rescatamos audios que guardan relación con los multimillonarios recursos traspasados, partiendo por la entrega, en una sola cuota a la cuenta de Huicahue.

Y poco más de 180 millones de pesos reconoció el representante de Kimún haber gastado a la fecha.

E incluso, Jaime Huincahue expreó desconcierto y cierta negación de la investigación de la Fiscalía, que aseguraba, no los había contactado.

Esta fue la última vez que desde Kimún hubo declaraciones. El resto de las veces, siempre existió la excusa de que el “abogado se está haciendo cargo”.

La ganga

Antes de continuar con la historia contemporánea, vamos a hacer un viaje al pasado.

El 23 de octubre del 2020, cuando la Universidad de Los Lagos anunció la venta de su Centro de Formación Técnica (CFT)y de su Instituto Profesional (IP), ofreciendo un millón 859 mil acciones, y abriendo una licitación que parte de la base de 110 millones de pesos por ambas instituciones educacionales y que estaban absolutamente saneadas financieramente.

Se explicó en la oportunidad que la casa de estudios estatal buscaba concentrar su educación técnica en la región y más de un año después, el 12 de enero del 2021, en plena pandemia del coronavirus, se sacaban la fotografía con mascarillas el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, junto al presidente de la Corporación Kimün, Jaime Huincahue, formalizando el traspaso que en definitiva se concretó por 130 millones de pesos, manteniendo su control… hasta ahora.

Follow the money

Las últimas horas están llenas de señales.

El Gobierno Regional se querelló contra la Corporación Kimún por defraudación y apropiación indebida, consecuencia directa de la apelación de Kimún, que fue rechazada en su totalidad, manteniendo la exigencia de solicitud de recursos considerando un contraste con las rendiciones y el detalle de lo utilizado.

La demanda considera la petición expresa del embargo de bienes, tanto de la entidad corporativa como del aval y codeudor solidario.

Lo que guarda sentido con una movida de tablero que tiene como escenario a Purén, región de La Araucanía, de donde es oriundo Diego Ancalao.

Según consta en el documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, el 7 de julio pasado la Corporación Kimún representada por Jaime Huincahue Melipil y Rosalía Currimil Alarcón vendieron un millón 859 mil acciones a la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena, o Fundelin, por la suma de 24 millones de pesos (otra ganga), determinándose incluso dos pagos de 12 millones cada uno para el 29 de marzo del 2024 y el 27 de diciembre del mismo año.

¿De quien es la Fundación Fundelin? El mismo Diego Ancalao Gavilán.

Por eso los trabajadores del Centro de Formación Técnica, el Instituto Profesional y la OTEC Los Lagos recibieron una autorización de ingreso y uso de oficinas, anunciando el control de Ancalao de la administración de todas las instituciones educacionales.

Se explica en el escrito (adjunto de esta nota) que la Corporación Kimún tomó la decisión de no continuar operando estos recintos debido a “conflictos de intereses con el Gobierno Regional de Los Lagos”.

Lo firma Jaime Huincahue Melipil, como rector del IP y el CFT Los Lagos, a quien nadie ha visto desde hace semanas.

¿Y ahora, qué?

¿Los establecimientos traspasados a Ancalao son parte de la declaración de patrimonio de la garantía de Kimún y Huincahue? La respuesta es clara: el pagaré a la vista es extendible a todo bien que esté a nombre de la Corporación o de su Presidente.

¿Qué implica entonces esta venta?

Los recursos no gastados, que ya demostraron incongruencias entre lo que determinó el GORE y lo que declaró Kimún deben ser restituidos de inmediato.

¿Se puso parte de estos recursos, a decir, 940 millones de pesos, para saldar deudas en las instituciones vendidas? ¿Cuál fue la real declaración de conciliaciones bancarias que informó Kimún al Gore?

Con una querella ahora el Gobierno Regional de Los Lagos intenta reaccionar a esta situación, mientras desde el Ministerio Público, la nueva información deberá generar también reacciones… y acciones.

Tras la publicación de este artículo, Diego Ancalao, por medio de su abogado, solicitó su derecho a réplica, a través de un comunicado que reproducimos íntegramente, a continuación:

Mediante este comunicado, buscamos hacer algunas aclaraciones y correcciones sobre la nota titulada “Follow the Money” y su sensacionalismo que, aunque con ideas rimbombantes, se basa en conjeturas erróneas, lo que afecta negativamente la reputación de iniciativas educacionales privadas válidas y legítimas.

En primer lugar, queremos resaltar la falta de rigor manifiesto en el análisis presentado en el artículo de www.biobiochile.cl , donde ya desde el subtítulo se encuentra una inexactitud. Es importante aclarar que Diego Ancalao no ocupaba el cargo de Director de Proyectos, por lo que esa información es incorrecta.

Además, es necesario corregir otra afirmación errónea del artículo, que menciona la existencia de inmuebles presentados como garantía de pagaré. Queremos enfatizar que esta información también es inexacta; no hubo ningún inmueble presentado como garantía de pagaré.

Es lamentable que se haya mencionado la posibilidad de acciones legales sin fundamento, ya que Diego Ancalao nunca presentó tales acciones legales.

Por otro lado, nos preocupa que el extenso reportaje no aborde adecuadamente la situación del Instituto Profesional (IP) o del Centro de Formación Técnica (CFT). Sería de gran relevancia que se explique con claridad qué se quiere comunicar al mencionar “Follow the Money”.

Además, es necesario aclarar que la información sobre la venta de mil ochocientas cincuenta y nueve acciones por veinticuatro millones de pesos es incorrecta e incompleta.

Para su conocimiento el CFT tiene 1283 alumnos a nivel nacional y el IP 1589, por lo que ambos incluso sumados no llegan siquiera a los 3000 alumnos a nivel nacional.

Asimismo indicar que el CFT y el IP son autónomos en cuanto a matrículas, finanzas y, por ende, también en cuanto a operaciones comerciales como lo es una venta.

Por lo tanto, lo que corresponde señalar es que el CFT y el IP fueron comprados anteriormente a la Universidad de los Lagos en 20 y 100 millones de pesos, respectivamente. A su vez, nuestra Fundación realizó ahora la respectiva compra en 24 y 120 millones, que es la información que usted no maneja.

La decisión de comprar la toma el directorio de cinco personas por unanimidad. Ambas adquisiciones están debidamente publicadas en el Diario Oficial, por separado y en fechas distintas, ya que, son personas jurídicas absolutamente independientes y, por tanto, objetos de operaciones diferentes.

Cabe señalar, que ambas fueron creadas y administradas por la Universidad de los Lagos.

Queremos enfatizar que los establecimientos traspasados no tienen relación alguna con ninguna garantía, lo que invalida la pregunta planteada al final del reportaje sobre “¿Y Ahora qué?”.

Por último queremos enfatizar que es importante aclarar que Diego Ancalao no ha tenido ni tiene relación alguna con la Corporación Kimun, más allá de haber sido un prestador de servicios en algún momento. Es crucial destacar que su participación se limitó exclusivamente a esta función y no ha pertenecido jamás a Corporación Kimun en ninguna otra calidad.

Es importante destacar que todas las conjeturas presentadas en el artículo no afectan en absoluto al Instituto Profesional (IP) ni al Centro de Formación Técnica (CFT). Por lo tanto, el artículo carece de fundamentos sólidos para involucrar a estas instituciones en las situaciones planteadas.

Agradecemos la oportunidad de aclarar estos puntos y esperamos que esta información sea considerada para rectificar y corregir cualquier malentendido o información errónea que haya sido difundida en el artículo.