Fue declarada admisible la querella presentada contra un hombre de Puerto Montt, que es investigado como presunto autor de apropiación indebida de dineros y estafa. En total, hay siete víctimas representadas en la acción legal.
El trabajador social, identificado como Joaquín Araya, según se lee en el documento legal, recibía a las víctimas en dudosos comités de vivienda pidiendo cuotas de incorporación, que variaron entre los $100 mil y $200 mil, para poder reservar un cupo o cambiarse a “uno mejor”.
Sin embargo, las víctimas finalmente descubrieron, tras consultar con el Serviu, que dichos comités no existían legalmente y que no había reserva de cupos para casas.
La abogada, Anahiz Arauz, complementó que la querella apunta también a todos los que resulten responsables, más allá del individualizado.
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En la acción legal se puede revisar también que el imputado se hacía acompañar por dos personas que se hacían pasar por funcionarios del Serviu, lo que fue descartado por la institución que entregó todos los antecedentes a la Fiscalía. Así, se instruyó a la PDI para que realice diligencias tendientes a aclarar las denuncias.
Se estima que serían decenas de familias las afectadas, pese a las pocas denuncias formales que se han recibido desde que se descubrió el presunto delito.